La  Comisión Ejecutiva de la Asociación de Municipios Vascos, Eudel, decidió el jueves presentar alegaciones al anteproyecto de Ley de Transición Energética y Cambio Climático del Gobierno de Lakua, para mostrar su «desacuerdo y preocupación» con la imposición de los Proyectos de Interés Público Superior a los municipios, que además, en esta nueva vuelta de tuerca, que puede ser entendida como la «ley Tapia plus», pretende no solo imponer proyectos de carácter público sino también privado.

Sin embargo, según ha podido constatar GARA, un primer documento de alegaciones, encargado por Eudel a una asesoría externa experta en la materia, y fechado el 23 de febrero, era todavía más radical en sus críticas al proyecto legislativo planteado por el Gobierno de Iñigo Urkullu, y sostenía que incurre en una «vulneración de la autonomía municipal».

Textualmente, aseguraba que el anteproyecto de ley presentado por el Departamento de Arantxa Tapia, «puede incurrir en causa de inconstitucionalidad por vulneración de la autonomía municipal al no realizar una adecuada ponderación de los intereses locales y supralocales implicados en estos Proyectos de Interés Público Superior».

El documento de alegaciones de Eudel suaviza la denuncia y apunta que «puede incurrir en causa de inconstitucionalidad por ahondar en un mecanismo totalmente excepcional que no realiza una adecuada ponderación de los intereses locales y supralocales implicados para su consideración de Interés Público Superior y con ello, para su imposición al planeamiento territorial y urbano».

«Sin justificación alguna»

El informe jurídico externo aseguraba también que la extensión de «la posible calificación de ‘Proyectos de Interés Público Superior’ a los particulares» se «hace, como ya hemos señalado,  sin motivación ni justificación alguna».

Pero también en este caso, la dirección de Eudel, donde los partidos del Gobierno son mayoría, edulcoró, alargó y enredó la redacción, llegando finalmente a hablar de «unos conceptos indeterminados de imposible o muy difícil justificación», lo que no es lo mismo que decir, como hacía el original, que se «hace sin motivación ni justificación alguna».

El diciembre de 2021 el Parlamento de Gasteiz aprobó la Ley de Administración Ambiental, en la que a través de enmiendas de PNV y PSE incluidas durante su tramitación, se procedió a introducir cambios radicales en la Ley de Ordenación del Territorio, para crear la figura de los Proyectos de Interés Público Superior, que el Gobierno podrá imponer a los municipios, aunque estos planes vayan en contra de las normas locales. Fue lo que vino a conocerse como «ley Tapia».

Pero cuando esto cambios aún no habían entrado en vigor, el Gobierno de Lakua presentó el anteproyecto de ley de Transición Energética y Cambio Climático, en el que a lo que era la «ley Tapia» se le daba una vuelta de tuerca, a través de una especie de «ley Tapia plus», por lo que la imposición de PIPS a los municipios se extiende de proyectos públicos también a los privados, frente a lo que se rebela, a su forma, Eudel.

EH Bildu: «Un paso atrás»

Después de las alegaciones presentadas por la Ejecutiva de Eudel, EH Bildu manifestó ayer a través de sus redes sociales que «el Gobierno Vasco tiene que echar un paso atrás», y buscar acuerdos «con todas las instituciones, con toda la sociedad y con el resto de partido».

En un vídeo, el parlamentario Mikel Otero recuerda que «la Comisión Ejecutiva de Eudel aprobó el informe de alegaciones al anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. En el mismo, se ha confirmado lo que EH Bildu venía diciendo desde hace algunos meses: la ley Tapia supera la autonomía municipal».

Explica que «cuando se impuso la figura nueva de los proyectos de interés público superior desde el Gobierno Vasco a los ayuntamientos, estaba limitada a proyectos medioambientales de promoción pública, pero es que ahora quieren acelerar más y quieren abrirlo a cualquier tipo de proyecto y a cualquier tipo de promoción, tanto pública como privada. Es evidente que esto atenta a la autonomía municipal y el informe deja muy claro que esto también puede ser inconstitucional».

El parlamentario de EH Bildu concluye que «para afrontar la emergencia climática, necesitamos debates y consensos, acuerdos sociales amplios». Y añade que «la hora de la imposición ha terminado, es momento del diálogo y el acuerdo».