La Fiscalía ha acusado este jueves al expresidente catalán Quim Torra de haberse instalado en la «insumisión institucional» por no retirar una pancarta que pedía la libertad de los presos políticos catalanes en el Palau de la Generalitat.

Así lo ha sostenido este jueves el ministerio público en los informes finales del segundo juicio contra Torra por negarse a retirar símbolos a favor de los presos políticos de edificios públicos, una vista que se ha celebrado en ausencia del acusado, quien esta mañana ha comunicado en un vídeo colgado en su cuenta de Twitter que no acudiría a la misma por considerarla una «farsa».

Torra ha pedido amparo a los tribunales internacionales, ya que no reconocer «la legitimidad de la justicia española que no respeta ni los tratados internacionales ni los derechos fundamentales». «No legitimaré una nueva farsa», ha apuntado.

Avui em tornen a jutjar per desobediència. No legitimaré un nou judici polític amb la meva presència. Demano empara als tribunals internacionals. L’única solució, la independència. Ací teniu el meu comunicat (https://t.co/KGkuEJch2e) i el vídeo: pic.twitter.com/7IC1eftHow

— Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) March 17, 2022

La fiscal del juzgado de lo penal número seis de Barcelona, que pide un año y ocho meses de inhabilitación para Torra por un delito de desobediencia, ha insistido en sus informes en que en ningún momento se ha «conculcado» el derecho del expresident a la libertad ideológica y de expresión.

En ese sentido, ha afirmado que durante el ejercicio de su cargo hizo manifestaciones similares a las del contenido de la pancarta del Palau «sin cortapisas» y que hoy se sienta en el banquillo «por no dar cumplimiento» a un mandato del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para mantener la neutralidad del Palau de la Generalitat, especialmente con unas elecciones próximas.

La fiscal ha pedido «no contaminar los discursos porque las mentiras, aunque se repitan mil veces, siguen siendo mentiras», y ha recordado que Torra podía colocar la pancarta en su casa, o en la sede de su partido, pero no hacer un «uso indebido de un edificio público» a favor de los partidos y de una «determinada ideología» no compartida por toda la población catalana.

«Estaba colocado en la insumisión institucional, daba lo mismo lo que le dijera la Junta Electoral o el TSJC», ha sostenido la fiscal, que cree que Torra «tenía la voluntad explícita de no dar cumplimiento a nada de lo que se le dijera respecto a su ideología».

La acusación popular, que fue la que propició la apertura de esta causa por desobediencia al solicitar al TSJC que ordenara retirar la pancarta, pide dos años de inhabilitación para el expresident y 109.500 euros de multa.

«Buscan reprimier la libertad de expresión»

La defensa del expresident sostiene que los actos de Torra, como miembro del Govern y diputado, estuvieron amparados por la libertad de expresión y representación política, así como por su «inviolabilidad parlamentaria».

Según los letrados, la pancarta «quería representar el clamor de miles de ciudadanos en un acto de protección y garantía de los derechos humanos», algo que consideran que no puede ser un delito, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Además, advierten de que la interpretación de los delitos de desobediencia y denegación de auxilio en este caso «produce una inseguridad jurídica resultante de la arbitrariedad mostrada por esta extralimitación que buscaba reprimir la libertad de expresión».

Esta es la segunda causa contra Torra sobre esta cuestión. En la primera, el TSJC lo inhabilitó 18 meses cuando era president de la Generalitat por no retirar la misma pancarta de la fachada de la Generalitat en periodo electoral, durante la campaña por las generales de abril de 2019.