46 años después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que dio paso a la última dictadura militar del país (1976-1983), Argentina contabiliza 1.058 personas condenadas en 273 sentencias por crímenes de lesa humanidad.

Así lo indica un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que ha indicado que el 44% (275) de las causas por crímenes de lesa humanidad se encuentran en etapa de instrucción, mientras que el 43% (273) ya han recibido sentencia.

La mayoría han sido condenatorias, ya que 1.058 personas fueron consideradas culpables de crímenes de lesa humanidad, y 165 resultaron absueltas. 579 personas se encuentran en prisión domiciliaria, 118 permanecen en establecimientos penitenciarios y 67 lo hacen en otras dependencias, como la Unidad 34, que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo.

Entretanto, 542 personas están procesadas en la actualidad, 142, con falta de mérito. Además,  573 están imputadas por el Ministerio Público Fiscal sin que hayan sido convocadas a prestar declaración indagatoria. Otras 34 personas aguardan una resolución sobre su situación procesal; y 22 se encuentran prófugas de la Justicia, en paradero desconocido.

En ese sentido, el Ministerio de Seguridad argentino ha difundido este miércoles la lista de personas buscadas por la Justicia en causas penales por delitos de lesa humanidad, y ha incrementado a 5 millones de pesos (45.425 dólares) la recompensa ofrecida a quienes quieran suministrar datos sobre los prófugos.

Obediencia Debida y Punto Final

Argentina llevó adelante el histórico Juicio a las Juntas en 1985, pero luego aprobó las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, entre 1986 y 1987, y el Ejecutivo otorgó indultos a los miembros de las juntas militares en 1990.

Con el dictado de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 2003 y la declaración de inconstitucionalidad de la Corte Suprema en 2005, se consolidó el proceso de reapertura de los juicios por lesa humanidad, que comenzó en 2006.