La Fiscalía Europea ha señalado que la decisión de la fiscal general del Estado español (FGE), Dolores Delgado, de dividir en dos la causa en la que se investiga el contrato de emergencias vinculado al hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, «no se ajusta a la legislación de la Unión Europea».

La Fiscalía Europea (EPPO, en sus siglas en inglés) había solicitado a la Fiscalía Anticorrupción española que le diera traslado de la investigación que se sigue por el contrato de emergencia vinculado a Tomás Ayuso para la adquisición de mascarillas durante la pandemia, pero desde Anticorrupción se opusieron a entregar las diligencias en su totalidad y acordaron que el fiscal Alejandro Luzón capitanee la investigación. La solicitud de la Fiscalía Europea se basaba en que ese contrato de emergencia suscrito por la Comunidad de Madrid se pagó con fondos ‘Feder’ provenientes de la Unión Europea. El hermano de Ayuso cobró 55.000 euros.

En un comunicado emitido este miércoles, la Fiscalía Europea dice que «ha tomado nota» de la decisión de 28 de marzo de 2022 de Dolores Delgado de dividir la competencia sobre los mismos hechos entre la Fiscalía Anticorrupción y la EPPO pero apunta que la fiscal general europea, Laura Codutra Kovesi, «quiere expresar su preocupación por el procedimiento» que condujo a esa decisión al entender que «no se ajusta al Derecho de la UE».

Renunciar, además, como sugirió la Fiscalía Europea, a que fuese el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas quien ejerciese su «mandato exclusivo» de velar por la correcta interpretación del Derecho de la UE «constituye un desafío a la supremacía del Derecho de la UE», subraya el comunicado.

La fiscal europea afirma que la decisión sobre un conflicto de competencias entre un organismo estatal y un organismo europeo fue tomada por la FGE española, que es el superior jerárquico del organismo estatal –la Fiscalía Anticorrupción– y, por tanto, «parcial en el procedimiento en curso». Lamenta también que haya decidido por decreto «sin escuchar a ambas partes en el conflicto de competencia» durante la Junta de Fiscales de Sala.

Asimismo, indica que dado que la ley española que regula este procedimiento, que se refiere a la interpretación y aplicación del Derecho de la Unión, no prevé recurso alguno, esto impide que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ejerza su mandato exclusivo de garantizar la correcta interpretación del Derecho de la UE y, por tanto, constituye «un desafío a la supremacía del Derecho de la UE».

Con sede en Luxemburgo, la Fiscalía Europea considera que tiene una «competencia preferente» para investigar «todos los delitos relacionados» con un posible fraude a los intereses financieros de la Unión Europea y reclamaba el caso para evitar «duplicidades».