El único acusado de la muerte de Santi Coca que seguía en prisión ha sido puesto en libertad al haber cumplido los dos años de prisión provisional.

Coca murió tras permanecer dos días en coma en el hospital, después de sufrir una agresión la madrugada del 26 de abril de 2019 por parte de un grupo de personas en el exterior de una céntrica discoteca donostiarra.

Equipos sanitarios desplazados al lugar le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, tras lo cual fue trasladado en estado de extrema gravedad al Hospital Donostia, donde posteriormente falleció.

La Ertzaintza detuvo a siete jóvenes por su presunta relación con estos hechos y el Juzgado de Guardia ordenó prisión provisional para seis de ellos.

En 2020, los seis accedieron a la libertad provisional después de que el informe de la autopsia desvelara que los traumatismos que había sufrido el fallecido fueron «de escasa entidad», sin resultar concluyente sobre las razones de la hemorragia cerebral que acabó con su vida y sin decantarse entre una causa «homicida» o «natural».

Incumplió las medidas cautelares

El juzgado les impuso entonces distintas medidas cautelares para evitar su huida, como la retirada del pasaporte, la prohibición de viajar al extranjero y la obligación de comparecer cada quince días en sede judicial.

Uno de los jóvenes vulneró las condiciones que le permitían continuar en situación de libertad provisional, por lo que en febrero de 2021 el juzgado que instruye la causa ordenó su ingreso en prisión nuevamente.

Ahora, una vez cumplidos en total dos años en la cárcel, la Audiencia de Gipuzkoa ha ordenado su excarcelación tras verificar que «la suma de períodos» en que este joven ha permanecido en prisión provisional «exceden en su conjunto del tiempo legalmente previsto para ello», sin que se haya «puesto de manifiesto la concurrencia de circunstancias excepcionales que pudieran alterar» esta decisión.

La resolución recalca la necesidad de respetar «escrupulosamente los plazos máximos previstos en la Ley para este tipo de medidas», ya que la prórroga de la prisión provisional del acusado, representado por el letrado Alejandro Palacios, ha sido planteada por la Fiscalía con la adhesión del resto de acusaciones «una vez transcurrido con exceso» los dos años señalados.

No obstante, con el fin de «garantizar» su presencia en la vista oral cuando los hechos sean juzgados, el auto obliga a este joven a comparecer todos los lunes en sede judicial, le retira el pasaporte, le prohíbe salir del Estado y le impide aproximarse a los familiares del fallecido, así como residir o acudir al término municipal de Donostia.

Peticiones de 20 años de cárcel

Cada uno de los seis jóvenes acusados de la muerte de Santi Coca se enfrenta a una petición de veinte años de cárcel tanto por parte de la Fiscalía de Gipuzkoa como por la acusación particular que representa a la familia de la víctima.

Por su parte, el Ayuntamiento de Donostia, personado en la causa como acción popular, reclama veinte años de cárcel para uno de los procesados, al que atribuye haber propinado a Coca la «última y brutal patada en la cabeza» cuando ya había perdido el conocimiento, y quince para los otros cinco.

Está previsto que este caso sea enjuiciado por un tribunal del jurado, aunque por el momento no cuenta con fecha de señalamiento para la vista oral, según han informado fuentes del proceso.