Behatokia, el grupo de juristas emanado del Foro Social Permanente, ha vuelto a analizar exhaustivamente el comportamiento de la Audiencia Nacional española frente a las demandas de progresión legal de los presos vascos. Ocho meses después del informe que alertó de los escollos existentes, el trabajo presentado este jueves confirma la «bunkerización» del tribunal especial a partir del giro dado por la Fiscalía en enero de 2021, cuando empezó a combatir la aceptación de permisos ordinarios e incluso el acceso al tercer grado, que ha sido revertido ya en tres casos y se ve amenazado en un cuarto.

En el informe de 37 páginas que han presentado en Bilbo Aitzol Asla, Teresa Toda y Agus Hernán, los miembros de Behatokia analizan sobre todo las trabas a los permisos penitenciarios. Un dato ilustrativo: a día de hoy solo seis personas clasificadas en segundo grado disfrutan de ellos y algunas lo han visto bloqueado o anulado tras revocarse permisos ya aceptados.

Frente a ello hay 31 personas presas que «han recibido al menos una propuesta favorable de permiso que luego no ha sido aprobada por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria». El número concreto de denegaciones existentes en los últimos tiempos asciende a 76, cuyo listado aporta este informe. En ocasiones se van acumulando y se resuelven negativamente de golpe.

Los recursos de la Fiscalía están siendo decisivos para forzar este retroceso. Behatokia incluye otro apunte significativo: «Ni en un solo caso en que la Junta de Tratamiento de un centro penitenciario ha hecho una propuesta positiva de permiso ordinario la posición del Ministerio Fiscal ha sido, de partida, favorable al mismo. En la absoluta mayoría de los casos se ha opuesto desde el principio».

Terceros grados y la ley 7/2003

Por lo que respecta a los terceros grados, la puerta también sigue estrechándose mediante requisitos extralegales, como la petición de perdón. Y también aquí se aprecia lo que Behatokia llama «bunkerización» paulatina. Así, apunta cómo entre finales de 2019 y principios de 2021 no hubo ningún cuestionamiento fiscal de estas progresiones legales, algo que sin embargo ha pasado a ser habitual posteriormente.

En el editorial de este nuevo informe de Behatokia se califica lo que está ocurriendo como un caso de «invasión del campo del Derecho Penitenciario por parte del Derecho Penal». Y se vincula con la ley 7/2003 del Gobierno Aznar, que sigue vigente hoy día. Para estos juristas, esa norma «crea un cuadro normativo tan rígido que dificulta enormemente el tratamiento penitenciario. Por poner un ejemplo, carece de sentido profundizar en el tratamiento si la persona presa sabe de antemano que no va a poder acceder al tercer grado antes de haber cumplido 32 años de prisión».

Estos informes suelen incluir alguna aportación jurídica cualificada junto al análisis de autos y los datos. En este caso quien valora la situación es Emilio Olabarria, el que fuera vocal del Consejo General del Poder Judicial y diputado del PNV. Olabarria considera «sorprendente» que se siga aplicando «doctrina jurisdiccional generada durante la existencia de ETA» a personas presas que «específicamente han mostrado su oposición a cualquier utilización de la violencia como medio de actuación social o política y manifiestan su pesar por el daño causado a las víctimas de ETA». Y ante afirmaciones judiciales como que una persona presa «no evidencia una ruptura con los postulados terroristas en la línea de la disciplina de la banda», Olabarria se pregunta «a qué banda se refieren».