El Pleno del Senado ha dado luz verde, con 154 votos a favor frente a los 105 en contra de PP y Vox, al dictamen de la Comisión de Justicia sobre la proposición de ley que incorpora un nuevo artículo al Código Penal (el 172 quater), de forma que quienes se concentren a las puertas de las clínicas abortivas y hostiguen y coarten la libertad de las mujeres estarán cometiendo un delito.

Estos casos de acoso son conocidos en algunas localidades de Euskal Herria, como han denunciado reiteradamente colectivos feministas, y en el Estado han sido impulsados incluso por altos representantes de la Conferencia Episcopal Española.

Cuando la nueva ley entre en vigor, el acoso y hostigamiento a las mujeres se castigará con una pena de prisión de tres meses a un año o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días.

La norma ha culminado ya su tramitación parlamentaria porque en su paso por la Cámara Alta no ha experimentado ningún cambio respecto al texto que se aprobó inicialmente el Congreso, al ser rechazados los vetos de Vox y PP, así como las enmiendas de este último grupo, además de las del PNV y de ERC-Bildu.

Los vetos de las formaciones derechistas han sido rechazados por la mayoría del Senado porque, en palabras de la senadora del PSOE Donelia Roldán, los grupos de personas que dicen que van a rezar a esas clínicas lo que hacen es «insultar y en muchos casos entregar ataúdes con niños, llamar asesinas a las mujeres» y darles «falsas» informaciones «invadiendo su espacio privado en momentos muy difíciles».

En el mismo sentido se han pronunciado el senador del PNV Imanol Landa, el de Geroa Bai Koldo Martínez y la del grupo Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu Sara Bailac, quien ha apoyado la ley «para garantizar y consolidar los derechos de las mujeres».

Más de cien casos cada año

En su paso por la Cámara Baja se incorporaron enmiendas a la proposición presentada por el PSOE, como la que recoge que las penas se extiendan también a quienes acosen a personal sanitario y directivos de las clínicas, así como al personal de la sanidad pública que interviene en los abortos.

Además, el acoso podrá ser perseguido judicialmente sin que sea necesaria una denuncia expresa de la mujer afectada para que se inicie el procedimiento.

Según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), cada año se registran en el Estado más de un centenar de casos de acoso ante estos centros.

Por su parte, el colectivo ultracatólico Derecho a Vivir ha señalado que «rezar y salvar vidas no es ningún delito» y ha advertido de que seguirá haciéndolo.