El Tribunal Constitucional español ha acordado la admisión a trámite de los dos recursos interpuestos por el PP y Vox sobre la atribución a la CAV y Nafarroa de las competencias del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Se trata de recursos similares que fueron presentados el pasado mes contra la disposición adicional quinta de la ley del Ingreso Mínimo Vital y contra la disposición final trigésima de la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En el primer caso, la normativa contempla que la CAV y Nafarroa asuman las funciones y servicios atribuidos al Instituto de la Seguridad Social y prevé que, mientras no sea así, se firme una encomienda de gestión. Por su parte, la ley de presupuestos concede a ambas administraciones «el pago, en relación con la prestación económica no contributiva de la Seguridad Social del Ingreso Mínimo Vital».

La formación ultraderechista encabezada por Santiago Abascal dice que ambos puntos «rompen, por primera vez desde la aprobación de la Constitución, el régimen económico de la Seguridad Social» ya que, atribuyen de forma «íntegra» a ambas comunidades autónomas las competencias en esta materia.

En el caso de la CAV, fue a mediados de marzo cuando Madrid y Lakua firmaron el acuerdo para la transferencia del Ingreso Mínimo Vital. De este modo, el Ejecutivo autonómico asumirá la transferencia «íntegra y sin límite temporal» de esta prestación social y será Lanbide quien asuma tanto la gestión como el pago de esta prestación social, que se integrará con la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Dos semanas más tarde, fue el Gobierno de Nafarroa quien anunció que asumiría a partir del 1 de octubre la competencia del Ingreso Mínimo Vital. La lehendakari María Chivite sostuvo que se trata de una «potente medida de cohesión social» y ha destacado que el hecho de que Nafarroa la asuma es «un paso más en la mejora de la prestación de los servicios a la ciudadanía».