México, un país que celebra la vida el día de los muertos y se dice el ombligo de la luna, no podía tener un referéndum de este mundo. Los mexicanos deciden mañana si quieren que el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO, de aquí en adelante), siga en el cargo, mediante una consulta revocatoria impulsada paradójicamente por quienes se oponen a la destitución, y boicoteada por quienes están teóricamente a favor de la revocación. Aquí nada es lo que parece, ni todo lo contrario.

Es un ejercicio evidentemente político en el que, sin embargo, por mandato constitucional, ni el propio presidente ni los partidos pueden, en teoría, hacer campaña. Hasta la pregunta parece fruto de una ceremonia de la confusión: «¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?».

La convocatoria –primera en la historia de México– responde a una promesa electoral de AMLO, cuyo mandato, sin embargo, parece lejos de estar en peligro. Por dos motivos: el principal es que, tras medio sexenio, la popularidad del mandatario sigue situándose en cotas muy altas –dos tercios de la población le dan su aprobación–. El segundo motivo, derivado del primero, es que la oposición ha decidido boicotear el plebiscito. Conscientes de que la victoria de AMLO quedaba fuera de toda duda, la oposición ha decidido intentar quitarle lustre al ejercicio, tachándolo de inútil.

El foco en la participación

Esto sitúa las miradas en la participación. Para ser vinculante, la consulta debería registrar una participación del 40%, que son más de 37 millones de personas. En 2018, con un espectacular resultado, AMLO obtuvo 30 millones de votos, por lo que necesitaría todas esas papeletas y siete millones más para dar validez legal al resultado. No parece que vaya a votar tanta gente, por lo que el argumento opositor está servido: el liderazgo de AMLO está en horas bajas, bajó de 30 millones de votos a X.

El argumentario oficialista será más diverso, pero resulta igualmente predecible: un porcentaje apabullante de quienes votarán lo harán a favor de AMLO, es problema de los opositores no haber aprovechado la ocasión de echar al presidente y, como último cartucho, la culpa ha sido del INE.

El Instituto Nacional Electoral pidió los mismos recursos que en unas elecciones presidenciales, pero el legislativo no se los otorgó, por lo que ha planteado una jornada electoral mucho más discreta, con muchos menos colegios electorales, lo que a su vez ha generado acusaciones de boicot por parte del propio AMLO, que la semana pasada acabó proponiendo que los miembros del INE sean elegidos mediante voto popular.

Evaluación a medio mandato

Esta última propuesta concentra una de las principales críticas que le hacen a AMLO propios y extraños: actuar a golpe de ocurrencia, de forma personalista y con tics autoritarios. Las críticas de los que hasta 2018 fueron amos del país son más o menos previsibles, pero también hay descontento entre algunos sectores que le votaron.

La seguridad sigue siendo un problema de primer orden, casi 100.000 desaparecidos y unos 50.000 cadáveres sin identificar en las morgues hablan de una crisis humanitaria colosal; prometió sacar al Ejército de las calles, pero su presencia llega ya al último rincón de la Administración. Ha apostado por el extractivismo y las grandes infraestructuras, y le ha hace el trabajo sucio a EEUU con miles de migrantes centroamericanos.

Pero esta moneda tiene otra cara. Para empezar, achacar todos estos problemas a AMLO, o pensar que iba acabar con ellos en seis años tampoco resulta muy realista. Está realizando un esfuerzo serio por recuperar cuotas de soberanía y acabar con un esquema subdesarrollado que, resumiendo, condenaba a México a exportar petróleo e importar gasolina. La semana que viene, sin ir más lejos, se vota en la Cámara de Diputados una ambiciosa reforma eléctrica que, para descontento de Washington y Madrid, devuelve a manos públicas el mercado eléctrico. AMLO también ha prometido el control estatal de los aparentemente enormes yacimientos de litio encontrados recientemente en San Luis Potosí. El eco de Lázaro Cárdenas es fácil de intuir.

Por otro lado, en nombre de la lucha contra la corrupción, ha acabado con numerosos programas gubernamentales, sustituyéndolos por ayudas directas a la gente, sobre todo pensionistas, mujeres y jóvenes. Esto ha generado algunos problemas, por ejemplo, en el suministro de medicamentos. Además, en un momento en el que la economía mexicana –siempre dependiente de la estadounidense– barrunta tiempos complicados, cabe preguntarse si podrá mantenerse esta política de ayudas. Pero mientras tanto, son decenas de miles las personas de las clases populares que se han visto favorecidas. No es fácil convencerlas de que, como clama la oposición, el gobierno de AMLO esté siendo un desastre.