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Bélgica concede asilo político a Rafael Correa y Ecuador pide su extradición

Bélgica ha concedido el asilo político al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y casi inmediatamente el país sudamericano ha pedido la extradición del exmandatario argumentando que tiene una condena firme de prisión e inhabilitación.

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa. (Emmanuel DUNAND/AFP)
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa. (Emmanuel DUNAND/AFP)

Bélgica ha concedido asilo político al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ha confirmado a Efe el abogado del exmandatario, Christophe Marchand.

En una resolución a la que ha tenido acceso Efe y fechada el pasado 15 de abril, el comisariado general de refugiados y apátridas (CGRS) de Bélgica confirma que otorga a Correa el estatus de refugiado en este país, donde ya residía desde 2017 porque de él procede su esposa, Ann Malherbede.

Marchand ha explicado que la solicitud de asilo se había puesto en marcha tras iniciarse en 2018 en Ecuador un proceso legal que le relacionaba con el supuesto secuestro de un opositor en 2012, el llamado «caso Balda».

Bélgica les requirió demostrar que existía una persecución política en Ecuador contra Correa, para lo que aportaron «documentación sobre los casos criminales en su contra con motivaciones políticas y destinados a impedir su carera política», ha dicho el abogado belga.

Marchand se ha declarado feliz con la resolución de este caso, ya que, ha asegurado, tras 25 años en la profesión sabe «lo difícil que es que Bélgica conceda asilo político».

Correa, quien gobernó de 2007 a 2017 como uno de los referentes de la izquierda latinoamericana, reside tras el fin de su mandato en Bélgica y sobre él pesa en Ecuador una condena de ocho años de cárcel e inhabilitación política por el caso «Sobornos 2012-2016».

Tras conocerse la concesión del asilo político, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ha solicitado formalmente la extradición de Correa. Así, lo ha anunciado el presidente de este organismo, Iván Saquicela, en una entrevista a Teleamazonas.

Saquicela ha recordado que hay una sentencia en firme contra Correa y que, por tanto, la petición se desarrolla «en estricto derecho». «Aquí no hay juicios de valor, no son opiniones ni criterios políticos, mi pronunciamiento es en derecho y es mi deber», ha dicho, al aludir a un caso que ha enfrentado a la política ecuatoriana durante los últimos años.