El pasado mes de enero se anunciaba un acuerdo judicial para que el exalcalde del PNV en Alonsotegi José Luis Erezuma, el arquitecto que trabajaba con el Ayuntamiento y dos responsables de una constructora devolvieran el dinero defraudado. Ocurrió en vísperas del inicio de la vista oral y mediante esa fórmula –condicionada a su cumplimiento– venían a aceptar una condena menor, por lo que no entrarían en prisión. Sin embargo, al concluir el plazo dado para la reparación económica al Consistorio (20 de abril) no se ha producido esa reparación, por lo que EH Bildu ha reclamado la convocatoria de un pleno en el que se reactive el proceso judicial.

Ese preacuerdo fue aceptado por EH Bildu, que ejerce como acusación popular en este caso, además de por la Fiscalía. Se apoyaba sobre dos bases principales: el Ayuntamiento recuperaba el dinero y los culpables de estas prácticas corruptas resultaban condenados.

La reparación económica acordada ascendía a los 681.000 euros defraudados (600.000 pertenecientes a la ayuda de la Diputación y 81.000 puestos por el Ayuntamiento), más otros 200.000 en cuestión de intereses. Los primeros 100.000 euros fueron depositados en la caja del tribunal. Junto a ello se pactó una pena de diez años de inhabilitación y dos años de cárcel, que los acusados no cumplirían al carecer de antecedentes.

El preacuerdo terminó de gestarse a última hora, antes de la vista oral, al aflorar en sus patrimonios unos bienes inmuebles «que no aparecieron en la primer detección», concretamente dos casas y una nave industrial. Con ello, la acusación particular consideró que existía una «garantía real» de pago, por lo que siguió adelante con el acuerdo.

«Que hable el Pleno municipal»

Concluido el plazo dado hasta el 20 de abril por el Ayuntamiento de Alonsotegi, la reparación económica sigue sin llevarse a cabo, por lo que EH Bildu ha solicitado este pleno extraordinario con un único punto en el orden del día: «Ratificar el desestimiento de la vía amistosa y solicitar que se continúe con el procedimiento penal para asegurar la defensa de los intereses municipales». Cabe recordar que la acusación popular reclamaba penas de hasta ocho años de cárcel para los implicados.

En ese artículo de Marcel Pena se recuerdan todos los antecedentes y claves de un caso continuado en el tiempo, puesto que todos los sucesivos alcaldes del PNV en Alonsotegi entre 2003 y 2015 han sido imputados por prevaricación y malversación. Fue con la llegada de EH Bildu al Consistorio cuando comenzaron a destaparse las ilegalidades reconocidas en este preacuerdo de momento incumplido.

«Que hable el Pleno municipal», plantea EH Bildu. La Corporación está formada en la actualidad por cinco ediles del PNV (que ostenta la Alcaldía), otros cinco de EH Bildu y uno del PSE.