Como miles más, el mundo de Laetitia Ngendakumana colapsó medio siglo atrás cuando el gobierno de Burundi, controlado por la etnia tutsi, arrestó a su padre, un banquero hutu, en Bujumbura, la ciudad más grande del país.

«Nunca supimos adónde se llevaron a papá. Lo que sé es que perdimos todo lo que teníamos», contó retorciéndose las manos durante una entrevista con AFP en su casa, rodeada por bananeras cerca de Gitega, la capital política de Burundi.

Ni su matrimonio con un profesor ni el nacimiento de sus 14 hijos (12 de ellos sobrevivieron) ni el fin de la violencia borraron su dolor, que siente tan vivo como en 1972.

Durante mucho tiempo, las masacres eran un tabú en la esfera pública y los burundeses se refieren a ese período entre finales de abril y junio de 1972 como ‘ikiza’ (‘flagelo’ en lengua kirundi, oficial en el país).

Pero en 2019, una Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR) creada por las autoridades anunció un plan de reabrir las tumbas masivas para contar y posiblemente identificar a las víctimas.

Ngendakumana contactó a la comisión.

Identificar restos humanos después de cinco décadas era una tarea casi imposible, pero ella se aferró a una esperanza: la dentadura de su padre.

«Mi padre tuvo un accidente y perdió sus dientes, usaba prótesis de oro», indicó.

El dato de la dentadura metálica condujo al hallazgo de los restos de su padre en una ladera boscosa a pocos kilómetros de su casa en las cercanías de Gitega.

Crimen de lesa humanidad

Desde su independencia en 1962, cientos de miles de burundeses han muerto en la violencia étnica entre los hutu y los tutsi, así como en una guerra civil.

La masacre de 1972, que algunos consideran el capítulo más oscuro en la historia de Burundi, comenzó el 29 de abril cuando extremistas hutu atacaron a tutsis radicados principalmente en el sur del país.

Posteriormente vinieron represalias que rápidamente escalaron a masacres de la élite hutu, incluyendo ejecutivos, profesores y estudiantes escolares.

Entre 100.000 y 300.000 personas murieron en la violencia, en su mayoría hutus que son 85% de la población de Burundi. Los tutsi son 14%.

Las matanzas envolvieron a todo el país, pero Gitega fue el epicentro, con un campamento militar donde las víctimas era retenidas en tránsito antes de matarlas y enterrarlas en fosas comunes.

De las casi 20.000 víctimas cuyos restos fueron exhumados en todo el país, unas 7.000 fueron halladas en nueve fosas comunes en y alrededor de Gitega.

Muchas tumbas ni siquiera fueron halladas.

«Cuando decimos 7.000 víctimas, se refiere solo a las tumbas que ya encontramos, confirmamos y exhumamos», explicó a AFP el presidente de la CVR, Pierre-Claver Ndayicariye.