Uno de los seis jóvenes que se encuentran en situación de libertad provisional acusados de la muerte de Santi Coca (el menor donostiarra fallecido tras una pelea en Donostia en 2019) ha sido descubierto por las autoridades fronterizas cuando intentaba cruzar la muga de Gipuzkoa hacia Lapurdi.

Tras conocer estos hechos, la Fiscalía de Gipuzkoa ya ha solicitado al juzgado encargado de la causa que celebre la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que se pronuncie sobre estos hechos y eventualmente decrete el ingreso en prisión del procesado por el presunto «incumplimiento» de las condiciones de su libertad provisional.

En un documento el Ministerio Público recuerda que cuando acordó la libertad provisional de este acusado, el juzgado le impuso la prohibición de abandonar el Estado español, entre otras cautelas.

A pesar de ello, según información de la oficina del organismo de coordinación y comunicación entre Estados miembros de la Unión Europea (SIRENE), el procesado «fue descubierto el 7 de marzo de 2022 cruzando la frontera entre España y Francia por la localidad de Hendaia».

La Fiscalía considera que este hecho «pone de manifiesto el incumplimiento de la medida cautelar impuesta, así como un evidente riesgo de fuga del acusado».

La agresión de abril de 2019

Santiago Coca murió tras permanecer dos días en coma en el hospital, después de sufrir una agresión la madrugada del 26 de abril de 2019 por parte de un grupo de personas en el exterior de una céntrica discoteca donostiarra.

Equipos sanitarios desplazados al lugar le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, tras lo cual fue trasladado en estado de extrema gravedad al Hospital Donostia, donde posteriormente falleció.

La Ertzaintza detuvo a siete jóvenes por su presunta relación con estos hechos, si bien el Juzgado de Guardia sólo ordenó prisión provisional para seis de ellos.

No obstante, en 2020 los seis accedieron a la libertad provisional con distintas medidas cautelares para evitar su huida, como la retirada del pasaporte, la prohibición de viajar al extranjero y la obligación de comparecer cada quince días en sede judicial.

Transcurrido un tiempo, uno de los jóvenes vulneró estas condiciones que le permitían continuar en situación de libertad provisional por lo que en febrero de 2021 el juzgado que instruía la causa ordenó nuevamente su ingreso en prisión, hasta que el pasado marzo volvió a ser excarcelado a la espera de juicio tras cumplir el límite máximo de dos años de prisión provisional.

Ahora, esta previsto que en los próximos días el juzgado convoque una nueva comparecencia para determinar sobre la situación del acusado que ha intentado cruzar la muga esta vez.

Cada uno de los seis jóvenes acusados de la muerte de Santi Coca se enfrenta a una petición de veinte años de cárcel tanto por parte de la Fiscalía de Gipuzkoa como por la acusación particular, que representa a la familia de la víctima.

Por su parte, el Ayuntamiento de Donostia personado en la causa como acción popular, reclama veinte años de cárcel para uno de los procesados, al que atribuye haber propinado a Coca la «última y brutal patada en la cabeza» cuando la víctima ya había perdido el conocimiento, y quince para los otros cinco.

Está previsto que este caso sea enjuiciado por un tribunal del jurado, aunque por el momento no cuenta con fecha de señalamiento para la vista oral.