El portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, en rueda de prensa tras la celebración de la Asamblea Plenaria este viernes, ha asegurado que está descartada la posibilidad de que la Iglesia, institucionalmente, esté presente en la comisión de investigación creada por el Defensor, aunque sí que ha trasladado su voluntad de colaboración.

Argüello ha detallado que todos los obispos han respaldado por unanimidad el trabajo realizado en los últimos meses en las oficinas diocesanas de protección de menores y la firma con Cremades & Calvo-Sotelo para que realice una auditoría independiente acerca de los informes e investigaciones sobre los casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia española.

La decisión de no tomar parte en la comisión de verificación a nivel estatal, contrasta con lo comunicado a GARA este lunes desde la comisión metropolitana que investiga los casos en Nafarroa, cuya portavoz confirmó que sí están dispuestos a formar parte de la Comisión de Reconocimiento que se esboza en el borrador de la nueva Ley de Abusos navarra. 

Articular un proceso de reconocimiento a nivel del Estado –al estilo de los que se han abierto en Alemania, Bélgica, Irlanda o Portugal– está llevando un proceso ciertamente tortuoso. La vía de que el Defensor del Pueblo la vehiculara era, aparentemente, la alternativa con más posibilidades. Pero el rechazo de la CEE a formar parte en al Comisión deja todo muy en el aire, a expensas de conocer la profundidad del alcance de la decisión. 

El papel de la Iglesia en las comisiones de investigación va más allá de ceder los datos que puedan tener. El objetivo final pasa por la aceptación por parte de la Iglesia de que esos abusos fueron cometidos. Y, como ha sucedido en estos otros países, ofrecer una reparación por ese daño, que puede ser moral y económica. 

Las comisiones de verificación o reconocimiento son esenciales para los casos prescritos, pues prácticamente es la única vía que tienen para conseguir verdad y reparación. 

La vía del Congreso

La del Defensor del Pueblo, con todo, no es la única alternativa abierta a nivel estatal, dado que existe acuerdo para dar crear una subcomisión dentro de la propia Comisión de Justicia del Congreso para dar cauce a las demandas de los abusados. Esta idea de la subcomisión –defendida por EH Bildu, Podemos y ERC– se entendía como una vía más radical, frente a la propuesta del Defensor, por la que apostaba el PSN.

Tras la negativa, los obispos fuerzan a las víctimas a buscar la reparación a través del bufete de abogados elegido por la Iglesia, una vía que muchos de los abusados no aceptan, ya que consideran que una comisión de reparación debe estar integrada principalmente por expertos, tal y como se plantea en el borrador de la ley navarra.