La portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha anunciado este martes que la Generalitat se personará como acusación popular en todos los procedimientos judiciales que se hagan ante Fiscalía y la justicia relacionados con el espionaje a líderes independentistas.

En rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha destacado que personándose en estas causas buscan que los responsables de este espionaje «asuman las responsabilidades que les corresponden».

Plaja ha defendido que han tomado esta decisión por «convicción y por obligación estatutaria», y ha asegurado que los servicios jurídicos del Govern están trabajando para fundamentar con rigor todas las querellas relacionadas con este asunto.

Comisión de investigación en el Parlament

Por su parte, los grupos de ERC, Junts, CUP y comunes han registrado una propuesta de resolución en el Parlament para crear una comisión de investigación sobre el espionaje.

Estas formaciones explican que la han promovido después de que el Congreso español haya rechazado crear una comisión de investigación sobre este asunto, con el voto contrario del PSOE, el PP, Vox y Cs.

Concretan que la comisión de investigación del Parlament tendrá como objetivo conocer los detalles sobre el espionaje, que la propuesta de resolución asegura que se ha llevado a cabo «por parte del Estado» a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o de otros organismos públicos.

Querellas de Torra y Costa

Después de las querellas presentadas ayer por la CUP y Òmnium, los últimos en anunciar su intención de acudir a la justicia han sido el expresident Quim Torra y el exvicepresident primero del Parlament Josep Costa. Así lo han explicado en un comunicado conjunto, en el que han anunciado el inicio de un proceso para demandar a Pedro Sánchez, como «máximo representante y responsable de los servicios de inteligencia del Estado españolÇ, y también al Gobierno español.

Ambos se han hecho eco del informe publicado que detectó «ocho infecciones con Pegasus» a Torra durante el año 2020 y otras cuatro infecciones a Costa en 2019.

Además de las «múltiples denuncias penales» en las que también participarán Torra y Costa, los dos exrepresentantes institucionales de JxCat han anunciado otras tres acciones. La primera es un requerimiento contra Sánchez y el Gobierno español para exigir el «cese de la vulneración de sus derechos fundamentales como víctimas del espionaje ilegal».

En segundo lugar, presentarán ante el Tribunal Supremo, en un plazo de diez días, una «demanda de protección de los derechos fundamentales» contra Sánchez y su Ejecutivo.

Por último, cuando se haya inadmitido o resuelto posteriormente un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, tienen previsto presentar una «demanda de vulneración de derechos fundamentales contra España ante el Tribunal de Estrasburgo».

Torra y Costa quieren que el Estado español sea condenada por la «vulneración de derechos fundamentales», como los derechos a la intimidad y la privacidad personal y familiar, al secreto de las comunicaciones y la protección de datos, los derechos a la libertad de opinión y expresión, los derechos a la libertad de asociación y reunión, los derechos de participación y representación políticas, así como los derechos de defensa y a un proceso equitativo.