La futura ley de discapacidad de Nafarroa apuesta por la plena inclusión, incluidos los menores, según ha explicado la consejera Maeztu en la presentación de las novedades y la apertura del proceso participativo para esta norma.

Según ha detallado en conferencia de prensa, se ha iniciado la fase de exposición publica del anteproyecto, con la que esperan recoger las portaciones de la ciudadanía hasta el 31 de mayo a través del ‘gobierno abierto’.

Antes ha habido siete reuniones con representantes del Ejecutivo y entidades y organismos de otras administraciones, y se han formado cinco grupos de trabajo, uno para cada tipo de discapacidad y uno específico de menores, que han hecho más de 250 aportaciones.

Con motivo de la celebración este martes del Día de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dedicado este año a la inclusión de los menores, la consejera ha destacado que el anteproyecto respeta sus derechos y garantiza una educación de calidad y gratuita.

Con esta finalidad, ha dicho, se encomienda a las administraciones que mujeres y niñas no sean victimas de violencia ni se prescinda en ninguna situación de su consentimiento libre e informado, y se respete su salud y sus derechos reproductivos.

Menores informados y escuchados

Pero sumado a ello, el anteproyecto marca también cómo aplicar el principio del interés superior del menor con discapacidad, asegurando que sean informados y escuchados, igual que asegura un sistema educativo inclusivo en todos los niveles, garantizando además la participación de los menores con discapacidad en los centros y la obligación de estos de ofrecerles una educación de calidad.

La escolarización en centros especiales, solo «cuando las necesidades no puedan ser atendidas en centros ordinarios»

Y en esta línea, ha apuntado que «la escolarización en centros de educación especial solo se llevará a cabo de manera excepcional cuando las necesidades del alumno o alumna no puedan ser atendidas en los centros ordinarios».

Nacho Iriarte, secretario técnico del departamento, ha aludido a las propuestas ya recibidas, ahora en fase de valoración, referidas a cuestiones como el acceso a la cultura, el ocio o las actividades comerciales, a la presencia de las personas con discapacidad en los órganos de participación, a los cuidados o a la movilidad.

La ley incorporará además aspectos generales fundamentales para las personas con discapacidad, como las garantías ante la discriminación, la potenciación de la autonomía y vida independiente o la sensibilización de la sociedad para la toma de conciencia sobre su realidad y su aportación como diversidad enriquecedora. Y también contempla medidas dirigidas a impulsar el acceso al empleo, sea este protegido u ordinario.

«Un antes y un después»

Por su parte, la presidenta de CERMIN, Mariluz Sanz, ha puesto en valor una ley que «aborda todos lo aspectos desde el nacimiento hasta la muerte, porque como todas las personas, tenemos necesidades y derechos», por lo que supondrá «un antes y un después» con «coherencia y una manera de interactuar de forma transversal al implicar a todos los departamentos».

En relación con los menores, ha indicado que «hay que empezar a no dejarlos atrás desde el principio», lo que implica una atención temprana para una detección precoz y contar con recursos para que puedan salir adelante.

El anteproyecto recoge asimismo la educación inclusiva, «el horizonte hacia el que tenemos que transitar con determinación», para lo que ha reclamado apoyos y recursos y que la sociedad aprenda a respetar y convivir, «a ver la diferencia como algo positivo, un ámbito en el que cree que aún hay déficits y niños que sufren una soledad forzosa».

En materia de salud, ha considerado importantes las prótesis y tratamientos, ha apostado por ayudas para las familias que asumen gastos que reducen sus rentas, defendido la visibilización de los menores con discapacidad como «uno más» en carteles o campañas, abogado por entornos deportivos y recreativos sin barreras, así como por apoyos especiales en el entorno rural.

Sanz ha concluido destacando que también se han tenido en cuenta las condiciones de exclusión múltiples porque «todo se ha intentado nombrar para que conste, ya que si no está en el papel, es difícil exigir que se cumpla».