La iniciativa rechazada, que ha recabado el voto favorable de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, la abstención de PP+Cs y el voto en contra de PNV y PSE, reclamaba un bono económico en función del nivel de renta y un estudio urgente por parte del Ejecutivo de Iñigo Urkullu para analizar la situación causada por estas subidas de precios en estas comunidades en la que la situación se ve agravada por la nueva normativa de la tarifa de último recurso del gas.

Según recuerda EH Bildu en la justificación de su propuesta, mediante esta resolución la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio español para la Transición Energética establece que se puede acceder a la tarifa de último recurso de gas con un consumo anual de gas inferior a 50.000 kWh.

Como consecuencia de esa decisión, los usuarios de algunas calderas comunitarias que dan servicio a varios vecindarios no han podido entrar en el mercado regulado y han quedado al margen de los límites al incremento de precios del gas establecidos, por lo que sus facturas de gas están alcanzado los 400 o 500 euros mensuales.

En ciudades como Gasteiz esta situación está afectando a bloques de pisos de viviendas de protección oficial que en su día se construyeron con calderas comunitarias.

Sí que ha logrado el apoyo mayoritario para ser aprobada con los votos de sus proponentes y la coalición morada y la abstención de PP+Cs y EH Bildu, el texto de PNV y PSE, a través del cual la Cámara insta a este Ministerio español de Transición Ecológica a estudiar la revisión de la normativa que regula el uso de la tarifa de último recurso de gas natural, con el objetivo de valorar el acceso a aquellas comunidades en las que el consumo anual de gas computado por vivienda sea inferior al máximo establecido en esta modalidad.

Desde EH Bildu, Mikel Otero ha explicado que en enero su coalición comenzó a detectar este problema que afecta solo en Gasteiz a unas 7.500 familias (20.000 usuarios), muchas de ellas residentes en viviendas protegidas, a las que les llegan facturas de hasta 400 euros mensuales en algunos casos, según ha asegurado

Ha lamentado que el Gobierno de Gasteiz se niegue de manera «cicatera» a activar una línea de subvenciones para los afectados, cuando su cometido debe ser a su juicio «neutralizar» los efectos de esta subida desde las ayudas sociales. «¿Por qué no se hace desde el Gobierno? El problema de fondo es que es una iniciativa de EH Bildu», ha considerado.

El parlamentario del PNV Unai Grajales ha argumentado que el Ejecutivo no debe emitir un bono compensatorio porque supondría un «agravio comparativo» con los usuarios con calderas individuales, que también han visto aumentadas sus facturas tras la invasión rusa de Ucrania. «Lo importante es arreglar el problema de fondo y no que el Gobierno Vasco tenga que ir parcheando», ha insistido, al tiempo que ha acusado a EH BIldu de llevar este tema al Parlamento por «estrategia política».

En la misma línea, Alberto Alonso, del PSE, ha recordado que el Gobierno español trabaja para tratar de flexibilizar el criterio de acceso a la tarifa de último recurso para, entre otros objetivos, revertir la situación del colectivo afectado.

Gustavo Angulo (Elkarrekin Podemos-IU) ha abogado por revisar la normativa, pero ha destacado que lo relevante es que el Ejecutivo de Lakua actúe para que las viviendas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa «dejen de depender del gas y sean soberanas energéticamente».

Por último, Muriel Larrea (PP+Cs) ha denunciado la «clara injusticia» que sufren los consumidores afectados que «lo único que hacen es calentarse porque aquí los inviernos son muy duros», por lo que ha insistido en la necesidad de cambiar la norma.