Los responsables de la cuenta de Twitter @FreePabloGonz, gestionada por allegados del periodista vizcaino y que informa sobre su situación desde que fue detenido en Polonia, han puesto en marcha una recogida de firmas en la plataforma Change.org para exigir que «se respeten sus derechos», ya que lleva más de 80 días «incomunicado y sin asistencia legal».

La nueva iniciativa de apoyo llega en días decisivos para el futuro próximo de Pablo González, después de que la Fiscalía haya pedido prorrogar su estancia en prisión tras estos tres meses. El Juzgado debe decidir al respecto en un plazo de una semana.

Los firmantes recuerdan que Pablo González fue arrestado el 28 de febrero en Przemysl (Polonia) mientras cubría el conflicto en Ucrania, y fue acusado de «espiar» para el Gobierno ruso. «Quienes le conocemos en profundidad confiamos plenamente en su inocencia, pero ni siquiera queremos entrar en eso. Pedimos que se respeten sus derechos humanos, como los de cualquier ciudadano: que pueda comunicarse con su familia, tener asistencia legal y que se respete su presunción de inocencia, entre otras cosas», remarcan.

Apelación al Gobeirno español

De este modo, la iniciativa pretende que el Ministerio español de Exteriores «ponga de su parte para frenar esta enorme vulneración de sus derechos, que está provocando un enorme sufrimiento en quienes le queremos y le echamos de menos».

«La fiscalía polaca ha estado poniendo todas las trabas burocráticas posibles para impedir este contacto, sin que el Gobierno español haya intermediado para aligerar este ya complejo proceso. Tampoco ha facilitado el contacto con la abogada de oficio que le asignaron», añaden.

La solicitud de recogida de firmas subraya que la situación de Pablo González «contraviene varios de los puntos que recoge la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea» y «el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1.966. Estas son sólo algunas de las normativas que Polonia, un país de la Unión Europea, no está cumpliendo, y ningún organismo, ni español ni europeo, está exigiendo explicaciones».