Nueva matanza en EEUU, otra más, otra vez. Un joven de 18 años mató anteayer a tiros en una misma clase a 19 niños y niñas y a dos profesoras en una escuela primaria de Uvalde, Texas, antes de ser abatido por la Policía. Una tragedia infinita para los familias, un ciclo desesperante que se repite, que se ha vuelto tan común que en EEUU han desarrollado una especie de patología sobre cómo reaccionar al mismo.

Las víctimas reciben palabras de ánimo y oraciones. La Policía, felicitaciones por evitar que la tragedia fuera aún mayor. Los supervivientes, ayuda psicológica. Y los políticos expresan simpatía a las víctimas y se muestran horrorizados. Pero no se hace nada para prevenir el siguiente tiroteo en masa. Se reza, pero no se legisla.

Siniestra cadencia

La matanza en la escuela Robb Elementary del pequeño pueblo de Uvalde, de 15.000 habitantes, llega diez días después de un tiroteo en masa de carácter racista en un supermercado en la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York, y de otro en una iglesia de Laguna Woods, a las afueras de California. Y recuerda fatalmente a otros que estremecieron EEUU, como el ocurrido en 2012 en una escuela primaria de Sandy Hook, Connecticut, en la que otro joven mató a 20 niños y 6 adultos. O el que ocurrió en 2018 en un instituto de Parkland, Florida, en el que murieron 17 jóvenes.

Desde la masacre de Columbine en 1999 ya son más de 50 masacres las que se han producido en escuelas de EEUU, convertidas en campos de tiro bañados de sangre, en una siniestra cadencia. Unos datos estremecedores, como lo son los que informan que el año pasado 20.000 personas murieron por armas de fuego, justo en el mismo periodo en el que los estadounidenses compraron más de 20 millones de ellas.

En ninguno de estos casos de tiroteos en masa los autores tuvieron impedimento alguno para conseguir esas armas. No se les pidieron las huellas dactilares para obtener la licencia ni hicieron algún examen legal o curso de entrenamiento ni se sometieron a un chequeo de salud mental. Nada. Al contrario, cada vez encontraron más facilidades para conseguirlas, toda vez que se ha normalizado la falsa premisa de que cuantas más armas tenga la gente, más fácil será parar a un tirador «desequilibrado» que se cruce en el camino. Una premisa que, por ejemplo, hace que las acciones de los fabricantes de armas suban en bolsa cada vez que se produce una matanza.

Y todo ello en nombre de la sacrosanta Segunda Enmienda que establece el derecho a poseer armas, interpretada en su versión más absolutista, manteniéndola en el contexto del año 1776 en el que fue ideada, y cuyo cuestionamiento significa para muchos, especialmente para el gobernador de Texas, Greg Abbot, y para la Asociación Nacional del Rifle, el poderoso lobby al que representa y defiende, un ataque a las esencias de la nación, una especie de antipatriotismo ante el cuál nadie debe ceder. Para esa gente, derogar la Segunda Enmienda equivale a destrozar el país.

A las familias de las víctimas de Uvalde se les promete que rezarán por ellos, pero poco más, cualquier afán por impulsar nuevas regulaciones o reformas están abocadas al fracaso. Abbot y los de su calaña no tienen inconveniente en prohibir libros que ofenden su sensibilidad política o en decidir sobre el cuerpo y la voluntad de las mujeres al impulsar la prohibición del aborto, pero poseer y portar armas es para él un derecho que no puede ser constreñido o amenazado.

Cultura inundada de armas

Mañana debía ser el último día de clase en la escuela Robb Elementary de Uvalde, un día de alegría, de celebración, de bienvenida a un verano sin preocupaciones por delante. No habrá nada de eso, solo angustia y tristeza en un pueblo conmocionado por una matanza sin sentido. No faltarán quienes crean que algo así era «inimaginable». Pero, siendo solo un poco sinceros, nadie en EEUU puede sorprenderse: alguien que lleva un rifle automático y el odio incrustado en su corazón puede perfectamente abrir fuego contra personas inocentes. Ha ocurrido antes, demasiadas veces, ocurrió anteayer y, por desgracia, a falta de voluntad y decisiones para cambiar una cultura inundada por las armas, volverá a ocurrir.

Joe Biden habló horas después de la tragedia de Uvalde. Sus palabras mostraban enojo, pero no eran más que la formulación de un deseo, vagas aspiraciones, porque conoce bien cuál es la realidad política si te atreves a enfrentarte al lobby de los fabricantes de armas. Y eso es todo lo que tiene Biden en este momento: palabras. Por contra, sus oponentes en esta materia tienen los votos. Y los precedentes están ahí. Un proyecto de ley para ampliar las verificaciones de los antecedentes de los compradores de armas fue aprobado por la Cámara de Representantes de EEUU hace dos años, pero no hay, ni de lejos, el número de síes necesarios en el Senado para que ese proyecto llegue al escritorio del presidente.

Y vuelan las preguntas: ¿Cuántas personas inocentes más deben morir antes de que los legisladores hagan algo sobre la violencia armada en EEUU? ¿A cuántos niños inocentes más se les debe quitar la vida? ¿Qué más se necesita para obligar a tomar acciones significativas y sustantivas?

Mientras tanto, por desgracia, en lugar de abordar la raíz del problema, esa cultura tan peligrosamente obsesionada con las armas, los republicanos como el gobernador de Texas, Greg Abbott, seguirán celebrándola y sacando de ella rédito político.

Si no es ahora, ¿cuándo?

Así están las cosas en EEUU: se escuchan palabras como «acto malvado», «incomprensible» y «horrible», pero que nadie espere escuchar ni siquiera una voz del poder que sugiera una reforma radical sobre la tenencia de armas. La Segunda Enmienda se considerada más importante que la vida de los niños. Para esa gente, ningún horror causado por las armas puede ser peor que restringir su acceso a ellas.

Es difícil imaginar el dolor que están sufriendo las familias de los niños muertos en Uvalde. Merecen más que los pensamientos y las oraciones de los políticos. Merecen acciones tomadas con decisión. Ante las críticas sobre su inacción frente a la violencia armada, algunos políticos han declarado que «ahora no es el momento para la política». Si no es ahora, ¿cuándo?