Junto a la que ya estaban realizando a través de la cuenta Twitter @FreePabloGonz, familiares y allegados han puesto en marcha en la plataforma osoigo una nueva recogida de firmas, en este caso dirigidas al Congreso de los Diputados español, para pedir que se respeten los derechos del periodista Pablo González, que lleva 90 días detenido e incomunicado en Polonia y sin asistencia letrada.

La campaña recuerda que Pablo González fue arrestado el 28 de febrero en  Przemysl (Polonia) mientras cubría el conflicto en Ucrania, y fue acusado de «espiar» para el Gobierno ruso.

En estos 90 días, «no ha podido hablar ni con el abogado que él eligió, Gonzalo Boye, ni con su familia; ni siquiera le han entregado las cartas que su familia le ha enviado para mostrarle su cariño y su apoyo. La fiscalía polaca ha estado poniendo todas las trabas burocráticas posibles para impedir este contacto, sin que el Gobierno español haya intermediado para aligerar este ya complejo proceso. A día de hoy únicamente ha recibido tres visitas del cónsul de España en Polonia», se explica.

La solicitud de recogida de firmas recuerda que la situación de Pablo González «contraviene varios de los puntos que recoge la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea» y «el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1966. Estas son sólo algunas de las normativas que Polonia, un país de la Unión Europea, no está cumpliendo, y ningún organismo, ni español ni europeo, está exigiendo explicaciones».

Los familiares y amigos del periodista exigen «al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; al Ministro de Exteriores, José Manuel Albares; a la Ministra de Defensa, Margarita Robles, que se asista a Pablo González tal y como garantiza la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y en Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU».

También piden que «se facilite el asesoramiento legal por parte del abogado que él designó y que asesora a la familia, Gonzalo Boye, y que se le garantice una comunicación habitual para poder preparar su defensa». Y que, al menos, «pueda hablar por teléfono con su mujer, sus hijos y sus padres, que no se permita que sigan en esta situación de incertidumbre y oscuridad informativa».

Finalmente, solicitan que «se respete su presunción de inocencia» y, sobre todo, «que no se abandone a nuestro amigo Pablo en un país que está haciendo caso omiso de las normativas europeas respecto a los derechos humanos».