La imagen de Adriana Lastra (PSOE) aplaudiendo a Marta González (PP), cuando esta ha anunciado este martes el pleno del Congreso que su partido apoyaría la tramitación de la proposición de ley para la prohibición del ‘proxenetismo en todas formas’ ha escenificado una situación sorprendente cuando menos, tanto por su repercusión política como social.

Una situación demostrativa, a su vez, de que el histórico debate sobre si abolir, prohibir o regular la prostitución –las tres posturas principales respecto a este espinoso tema– tiene tantas aristas que puede provocar división entre socios, unión entre diferentes y, sobre todo, puede sacar a a luz muchas contradicciones.

Lo que el PSOE ha llevado el martes a la Cámara baja para su votación ha sido una proposición de ley para modificar la ley orgánica 10/1995. Una propuesta de solo cuatro folios, como ha reconocido la propia Adriana Lastra, que básicamente modifica el Código Penal en algunos puntos y se plantea como punto de partida para un debate que conducirá, ha dicho, a un «acuerdo histórico de país para acabar con la impunidad» de esta práctica que, según datos del Ministerio del Interior, afecta a alrededor de 45.000 mujeres, explotadas sexualmente en uno de los estados europeos que se sitúa a la cabeza en el consumo de la prostitución.

Consciente de que «la actual redacción del Código Penal está permitiendo la impunidad» de esta práctica, lo que el PSOE plantea es la persecución penal de los proxenetas y de los clientes, los puteros, siguiendo el ejemplo de otros países abolicionistas de la prostitución como el Estado francés y Suecia.

La cuestión es que las motivaciones del PSOE para lanzarse en esta legislatura y a estar alturas del partido a plantear «un paso histórico» como este y lo básico de la norma que presenta –no incluye informes sobre la situación real de esta práctica, ni plantea otras soluciones de calado para, por ejemplo, cómo se apoyará a las personas que ejercen la prostitución a entrar en el mercado legal del trabajo–, no convencen a los partidos representados en el Congreso, a excepción del PP.

Incluso Podemos, su socio de Gobierno, se ha mostrado dividido. Parte le ha dado el sí, pero planteando ya de primeras cambios en su formulación de la norma, pero no ha convencido a los comunes.

Muchas preguntas

Desde la oposición se le ha echado en cara al PSOE que esta proposición llegue poco después de que el partido de Sánchez tuviera que retirar su propuesta de la ley del ‘solo sí es sí’. Ahora habrían planteado esta ley a modo «pataleta», como lo ha definido Joseba Agirretxea (PNV).

EH Bildu y PNV se han abstenido «para propiciar el debate», aunque ambos han tenido discursos muy críticos y, en coincidencia con la mayoría de la oposición, han planteado su preocupación por las consecuencias que pueda tener en las mujeres que ejercen la prostitución una ley con una formulación tan punitiva.

Bel Pozueta, en este sentido, ha enfatizado que esta norma no ofrece protección, borra a las personas que ejercen la prostitución, incluso, ha dicho, a quienes la ejercen de forma libre, y ha avisado que «ocultar un problema no hace que este desaparezca». En este sentido, ha añadido que la Ley de Extranjería «crea espacios propicios para la trata» ante la situación de indefensión que provoca en las mujeres migrantes.

Joseba Aurrekoetxea (PNV) ha abundado en este sentido, «porque –ha dicho– esa ley es la razón de que las mujeres estén en situación de ilegalidad», y se ha extrañado de que «la modificación de dos artículos del Código Penal sea la respuesta del PSOE a un problema tan extenso» como es la prostitución.

Se han escuchado argumentos de todas clases. Ha habido acusaciones de moralismo por parte de ERC hacia el Gobierno, de hipocresía, alegatos a favor del poder ejercer «el deseo sexual en libertad»… Un debate tan viejo y con tantas opiniones enconadas como el que divide a favorables o contrarios en la calle, en los medios y en el feminismo.

Un punto en común: la conciencia en todos los discursos de que hay que acabar con la trata de personas –se le pidió al Gobierno que presente una Ley contra la Trata– y la existencia de una mayoría favorable a derogar a Ley de Extranjería.

Por cierto, esta no es la única norma legislativa que está sobre la mesa. El pasado 28 de mayo, a convocatoria de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución (PAP), una nutrida manifestación demandó en Madrid una ley específica, la denominada Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOASP).