El pasado martes la Delegación del Gobierno español dio cuenta de la detención de 23 personas en Bizkaia acusadas de formar parte de una trama que falsificaba documentos para poder cobrar la Renta de Garantía de Ingresos y la Prestación Complementaria de Vivienda.

Pese a que la consejera Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha afirmado que el fraude en la RGI es «ínfimo» –menos de 230 casos entre más de 50.000 perceptores–, la derecha española ha aprovechado los titulares para reclamar un mayor control, recuperando un viejo eslogan proclamado hace años por Javier Maroto: «Ayudas sí, abusos no».

Así lo ha proclamado la parlamentaria del PP Laura Garrido, que ha insistido en que el sistema presenta «deficiencias», obviando que la norma vigente, aprobada en 2011, salió adelante con los votos de su partido. «Algunas partes las aprobamos, y otras no», ha apuntado en una rueda de prensa en la que ha manifestado que «urge tomar medidas».

En este sentido, ha señalado que ellos van a proponer crear un servicio de inspección, algo que ya está recogido en la proposición de ley, y van a reclamar que se verifique que la persona que recibe la ayuda asiste a los cursos de formación de Lanbide.

Una idea que va en línea con el control de la residencia la población migrante perceptora de la RGI: «Tendrían que estar aquí porque mientras reciben una ayuda social reciben un curso de formación».

De «muchos» a dos

Garrido no ha sido la única que ha puesto el foco en las personas extranjeras. También lo ha hecho Amaia Martínez, única presentante de Vox, que ha aseverado que «los fraudes más graves han tenido como protagonistas a gente inmigrante», hablando en un primer momento de «muchos» casos y citando a posteriori solo dos ejemplos.

Esto no ha impedido que la parlamentaria ultraderechista haya insistido en que «lo sucedido pone en evidencia la facilidad con la que determinadas personas de origen extranjero acceden a este tipo de ayudas, con el consiguiente efecto llamada, el desconcierto y la desconfianza de la población local».

En cuanto a las medidas a aplicar para mejorar el control, ha propuesto la implantación de la huella digital y una mayor vigilancia para comprobar el «empadronamiento real», lo que ha traído a colación al situación de Macarena Olona en Andalucía. Un «empadronamiento legal» a juicio de Martínez.

«Hacer de la excepción ley»

El posicionamiento de PP y Vox ha sido criticado por Mikel Otero, de EH Bildu, que ha advertido de que «hay una estrategia política vinculada a ciertos partidos de magnificar» los casos de fraude en RGI, cuando se trata de una cuestión «completamente menor».

Ha acusado a la derecha española de «hacer de la excepción ley», «con un objetivo político que puede ser muy perjudicial para toda la sociedad, en términos de xenofobia y racismo».

«Evidentemente, hay que poner los controles pertinentes, como en cualquier otro tipo de prestación o ayuda que pueda dar una administración, pero otra cosa es utilizar esto para una criminalización, un ahondamiento en un discurso que no lleva a nada bueno», ha manifestado.