![Varios camiones aparcados.](/media/asset_publics/resources/000/912/533/article_main_landscape/camiones.jpg)
Las Juntas Generales de Bizkaia han dado luz verde en comisión al proyecto de norma para el cobro de un canon de uso a los vehículos de más de 3,5 toneladas por utilizar cinco tramos de carretera de Bizkaia. Este canon, cuya cuantía se aprobará por decreto foral, tendrá que ser ahora aprobado por el pleno. El texto ha salido adelante con los votos a favor de PNV y PSE, la abstención de EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia y el voto en contra del PP.
Se pretende crear un sistema de arcos de control en la red viaria de alta capacidad de Bizkaia. Los tramos incluidos son la A-8 y la BI-10, desde Basurto hasta El Haya; la N-240 por Barazar, desde El Gallo hasta la variante de Ubidea; la N-636 desde Durango a Gipuzkoa (Kanpazar); el corredor del Txorierri (la BI-30 o antigua N-637), entre Erletxes y Rontegi; y la BI-625, desde Laudio hasta Basauri. La totalidad de estos tramos suman 101,7 kilómetros.
El PP, única formación que ha presentado enmiendas al proyecto, ha considerado este canon «injustificado e injustificable», según su portavoz Eduardo Andrade, quien se ha quejado de que la Diputación vaya a gastarse 60 millones de euros en la actual coyuntura económica, mientras que el sector del transporte está sufriendo el incremento de los costes operativos.
Elkarrekin Bizkaia y EH Bildu, grupos que se han abstenido en la votación del proyecto normativo, han pedido que el texto definitivo tenga en cuenta la opinión del sector.
Eva Cabornero, del grupo morado, ha puesto en valor el diálogo y los esfuerzos que se están haciendo desde el departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial para alcanzar un acuerdo.
Por su parte, Raúl Méndez (EH Bildu) ha explicado que la norma tiene «margen de mejora» y ha pedido que la implantación se realice «poco a poco» y que las tarifas sean «acordes» a la situación económica, al tiempo que se busque una consenso que beneficie «a todas las partes implicadas».
PNV y PSE han destacado que este proyecto de norma cubre una necesidad como es la de «alinearse» a lo que marca una directiva europea, que obliga a que las vías de alta capacidad sean mantenidas en mayor parte por quienes las utilizan, «aportando más recursos para su conservación y mantenimiento», ha explicado la jeltzale Naia Landa Bilbao.
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