La portavoz de EH Bildu en el Congreso español, Mertxe Aizpurua, ha anunciado un acuerdo con los partidos que conforman el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, que permitirá la aprobación de la nueva Ley de Memoria Democrática.

La nueva norma ha superado la fase de ponencia, donde se han introducido varias enmiendas que el PSOE y Unidas Podemos han pactado con EH Bildu, PNV, PDeCAT, Más País y Coalición Canaria, y ante las que ERC y Junts se han abstenido. PP, Vox y Ciudadanos mantienen su rechazo.

El próximo lunes, 4 de julio, la propuesta  será debatida en la Comisión Constitucional con la intención de que quede aprobada por el Pleno de Congreso la segunda semana de julio para su remisión al Senado.

En una comparecencia ante los medios, Aizpurua ha explicado que en su negociación ha alcanzado «cinco avances importantes. Medidas que tendrán reflejo en una ley más completa, más ambiciosa y más respetuosa con los derechos humanos».

De este modo, se constituirá «una Comisión independiente con la finalidad de contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista mediante la recepción de testimonios, información y recopilación de documentos».

Esta comisión contará con «personas de reconocido prestigio académico en el ámbito de los Derechos Humanos» y se encargará de «elaborar un informe» y posteriormente «emitirán conclusiones y harán recomendaciones para garantizar el reconocimiento oficial y la reparación de las víctimas».

Otro punto acordado será la declaración de «la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales franquistas constituidos a partir del golpe de estado de 1936, así como la nulidad de todas sus resoluciones y condenas».

Además, la norma se aplicará más allá de 1978 y se prolongará hasta 1983, con el objetivo de perseguir vulneraciones de derechos humanos durante el postfranquismo, unas víctimas «abandonadas y olvidadas por las instituciones hasta ahora». La portavoz soberanista ha subrayado que «las consecuencias del franquismo se mantuvieron» en el tiempo y «esto debería verse reflejado» en la redacción de la Ley.

Ezkaba y La Cumbre

El acuerdo también contempla convertir el Fuerte de San Cristóbal, en el monte Ezkaba, cerca de Iruñea, en un espacio para la memoria que recuerde a las 207 personas fusiladas en la fuga masiva de 1938. Se hará a través de un convenio de colaboración con el Gobierno de Nafarroa, que podrá hacer uso del edificio y su entorno. A día de hoy, 150 presos siguen en paradero desconocido.

Además el Palacio de la Cumbre, en Donostia, donde entre otros fueron torturados en 1983 Josean Lasa y Joxi Zabala antes de ser enterrados en cal viva por los GAL, pasará a ser de propiedad municipal en el plazo máximo de un año, una vez que la ley entre en vigor.

Este edificio fue sede del Ministerio español de Asuntos Exteriores durante las estancias veraniegas de Franco en el barrio de Aiete, y posteriormente fue la residencia del Gobernador Civil de Gipuzkoa.

Aizpurua ha destacado que ambos edificios, el Fuerte San Cristóbal y La Cumbre, son lugares «de gran simbolismo y significado histórico para la ciudadanía vasca, que suponen un paso adelante en el reconocimiento y la construcción de una memoria compartida».

PNV y PdeCAT

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha indicado que han pactado varias enmiendas relacionadas con el callejero y con la consulta de documentos del patrimonio documental español para evitar el «tapón» que ejerce en la actualidad la ley del Patrimonio Histórico.

En el caso de PdeCAT, su portavoz en el Congreso, Ferran Bel, ha destacado que el texto de la ley ha incorporado enmiendas relacionadas con el reconocimiento de víctimas pertenecientes a «las comunidades de las lenguas y culturas catalana y vasca, cuyos hablantes fueron perseguidos».

Críticas de la ARMH

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), ha considerado que este acuerdo «supone la pérdida de una oportunidad para derogar la legislación de la amnistía de 1977, que impide juzgar los crímenes de la dictadura y legislar el final de la cultura política que ha generado durante décadas la impunidad del franquismo».

Para la ARMH, formación vasca ha decidido apoyar una ley que «quiere conmemorar el 31 de octubre a todos los muertos de la guerra civil, equiparando a los fascistas con los antifascistas, refrescando la cultura de la transición qué se basó en el argumento franquista de que todos eran buenos y todos eran malos y todos se merecían entrar en la democracia por la misma puerta».

Esta Asociación critica que la ley «no menciona a la Iglesia católica, ni su papel responsable en la represión, ni el uso y abuso que hizo de su alianza con el dictador Francisco Franco para generar un enorme daño a la sociedad»

Además lamenta que en el acuerdo no se hable de Monumento a los Caídos de Iruñea, que «sigue siendo un insulto a la democracia y pisotea la memoria de las víctimas del golpe militar de 1936 en Navarra».

«Pequeño pero importante»

Por su parte, Egiari Zor Fundazioa ha considerado que el acuerdo para ampliar la norma hasta 1983 es «un primer paso pequeño pero importante» paras el reconocimiento de las víctimas del Estado.

Lehen urratsa da, txikia baina garrantzitsua. Estatuko legea 1983. urtera arte aplikatuko da. Estatuaren bortxaren dimentsioa askoz handiagoa den arren, lehen pausoa da Estatuko biktimen aitortza ofizialean.https://t.co/ssk9IdDSzN

— Egiari Zor Fundazioa (@EgiariZor) June 28, 2022

«El reconocimiento de las miles de víctimas causadas de ese año en adelante también es imprescindible para seguir construyendo una convivencia democrática», ha añadido.

En cuanto a la transformación de La Cumbre y el Fuerte San Cristóbal como lugares de memoria, Egiari Zor aplaude la medida y ha defendido que la aportación de las víctimas ha de ser imprescindible.