Nicola Sturgeon ha dado el paso. El segundo referéndum de independencia tiene fecha y pregunta. El 19 de octubre de 2023 los escoceses responderán si «Escocia debería ser un país independiente». O ese es el plan. Durante los últimos ocho años, las promesas del SNP sobre una nueva consulta han sido constantes, hasta el punto de enfriar los ánimos de muchos independentistas. Ahora, la premier escocesa ha vuelto a encender esa mecha.

Mas alla de grandes frases y titulares que dejó la intervención de este martes, lo cierto es que la líder independentista ha reactivado un ilusionante movimiento político que ya cambió la forma de hacer política en el país en 2014, a pesar de la victoria del No.

En el fondo, lo que Sturgeon hizo el martes fue abrir una batalla legal. Sorprendió al ir más allá de lo que se esperaba, puesto que no entraba en las quinielas que se publicara un proyecto de ley y que se enviaran documentos, directamente, al Gobierno del Reino Unido para llevar el caso inmediatamente a la Corte Suprema. Fue clara. De hecho, anunció que ya ha escrito al primer ministro británico, Boris Johnson, para negociar los términos del referéndum y el traspaso de poderes al Parlamento de Edimburgo. Consciente de que la negativa de Londres a una nueva consulta independentista no parece que vaya a cambiar, el Gobierno escocés ayer se prestó a que sean los juzgados quienes decidan si los escoceses pueden votar sobre su futuro. Es decir, dio el pistoletazo de salida a una larga batalla legal. Adelantándose, de paso, a una posible impugnación unionista.

Por el momento, Johnson no se ha expresado al respecto. El mandatario londinense se encuentra en Madrid, en la cumbre de la OTAN. Cuando lo haga, excepto giro inesperado del guion, es probable que no se aleje mucho de su posición hasta la fecha: «No es el momento de un referéndum». Entonces, ¿qué camino abre la vía legal?

Según el marco legal actual, contemplado en el Acta de Escocia (1998), cualquier legislación sobre el futuro de la Unión debe contar con el beneplácito del Gobierno británico, ya que las competencias del Parlamento escocés excluyen los asuntos constitucionales del Reino Unido.

Pero el Acta, en su Anexo 6, hace referencia a lo que se denominan «problemas de devolución» y cómo los tribunales los deben resolver. Es decir, disputas sobre los poderes legales del Parlamento y el Gobierno de Escocia y el lugar en el que darles solución. Lo que el equipo de Sturgeon entiende es que cualquier problema de devolución que no haya surgido en el contexto de un caso civil y penal puede remitirse a la Corte Suprema para su resolución. Y es lo que ha hecho.

La Ley de Escocia establece que estaría fuera de la competencia de Holyrood hacer disposiciones que se relacionen con la unión de Escocia e Inglaterra. Pero la premier defendió que el mero hecho de celebrar un referéndum para conocer las opiniones de la gente sobre la independencia no rompería en sí mismo la unión.

Sturgeon argumentó el martes que el referéndum sería «consultivo», y explicó que esto significaba que «un voto mayoritario a favor en este referéndum no hará independiente a Escocia» de forma inmediata. Se necesitaría aprobar legislación en Westminster y Holyrood para hacer realidad la independencia y, por lo tanto, técnicamente, en términos puramente legales, el acto de preguntar al electorado al respecto es un tema aparte. Es decir, el mismo esquema que el referéndum sobre el Brexit y su larga negociación.

La Corte Suprema se apresuró, el mismo martes por la tarde, a señalar que esta referencia no necesita permiso para proceder, y que ni el Gobierno del Reino Unido ni sus funcionarios judiciales pueden vetarlo. Sin embargo, no sería sorprendente que la resolución final, que se espera para finales de este año, diese la espalda a los intereses del Ejecutivo escocés.

En caso de que la Corte no dé su visto bueno, Sturgeon apuntó que las próximas elecciones generales en Reino Unido se convertirán en una suerte de «referéndum de facto», en el que el SNP se presentará con la independencia como único punto de su programa.

Es complicado predecir el papel que jugará una sociedad como la escocesa en un escenario como ese. Si bien es cierto que el derecho a decidir tiene un respaldo mayoritario (incluso entre las filas unionistas), todo lo que no sea un referéndum acordado genera más dudas (incluso entre las filas independentistas). Por ello, sea cual sea el resultado judicial, el SNP seguirá buscando el acuerdo político con Londres.

Es lógico pensar que el plan presentado por Sturgeon cuenta con el aval de Los Verdes, socios del SNP en el Gobierno escocés. El discurso también agradó, en líneas generales, a la militancia de Alba, el partido de Alex Salmond, muy crítico hasta la fecha con la estrategia independentista de la premier escocesa.

La legitimidad a una consulta de este tipo, se suele decir, se la dan los votos en contra y la participación de todo el espectro político y eso parece complicado a través de unas plebiscitarias. Los conservadores escoceses ya señalaron que boicotearán toda forma de referéndum no acordado. Pero Sturgeon, en su carta a Johnson, fue clara: «Tú y yo nunca estaremos de acuerdo sobre los méritos de la independencia de Escocia. Pero espero que cualquier demócrata esté de acuerdo en que es inaceptable que el pueblo de Escocia no pueda tomar esa decisión dada la clara mayoría para un referéndum en el Parlamento escocés».