El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves el proyecto de Ley de Memoria Democrática, con el respaldo del PSOE, Unidas Podemos, PNV, EH Bildu, PDeCAT, Más País y Compromís, frente al voto contrario del PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP. Esquerra Republicana y el BNG se han abstenido. Han sido 173 votos a favor, 159 en contra y 14 abstenciones. La norma continuará ahora su tramitación en el Senado con vistas a ser aprobada definitivamente a la vuelta del verano. 

Los diputados del PSOE y de Unidas Podemos, al igual que los de EH Bildu, han aplaudido de pie la aprobación de la ley dirigiéndose a los miembros de asociaciones de memoria presentes en la tribuna de invitados.

Plante a Vox

Durante el debate de la iniciativa, los diputados de Unidas Podemos, EH Bildu y ERC han abandonado el pleno, en señal de protesta por la intervención del diputado de Vox Francisco José Contreras, quien ha señalado que Salvador Puig Antich, al que había mencionado ERC en su discurso, «fue ejecutado no por ser anarquista, sino por haber matado a un policía».

Esto ha llevado a abandonar el pleno a los diputados de Unidas Podemos, EH Bildu y ERC –partido este último que ha anunciado su abstención a la ley–, mientras que los diputados de Vox han aplaudido largamente y de pie a su compañero al final de su intervención.

La portavoz adjunta de ERC, Carolina Telechea, que precisamente había leído escritos de Antich durante su intervención en el mismo debate, ha interpretado las palabras del diputado de Vox como una «justificación del asesinato» del anarquista. «Eso es un delito, es apología del franquismo», ha apostillado.

«No vamos a compartir espacio con los herederos del franquismo», ha proclamado Telechea, ya en el pasillo, tras abandonar al hemiciclo junto a sus compañeros.

Durante el debate, los grupos de la derecha han criticado duramente el pacto alcanzado entre el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos con EH Bildu para sacar adelante esta ley tras el pacto para sacar adelante varias enmiendas.

Una de las enmiendas acordadas EH Bildu, y a la que se ha hecho alusión de forma recurrente en las intervenciones, contempla la creación de una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 a personas que hayan luchado «por la consolidación de la democracia» y que señale «posibles vías de reconocimiento y reparación».

Previamente, el PSOE y Unidas Podemos habían recogido en las enmiendas parciales pactadas de forma conjunta la designación de esta comisión con el espacio algo más acotado en el tiempo, desde 1978 hasta el 31 de diciembre de 1982.

Con la ampliación temporal de los trabajos de la comisión se incluye el año de inicio de los GAL, la guerra sucia, y el primer año de gobierno de Felipe González.

El acuerdo también contempla convertir el Fuerte de San Cristóbal, en el monte Ezkaba, cerca de Iruñea, en un espacio para la memoria que recuerde a las 207 personas fusiladas en la fuga masiva de 1938. Se hará a través de un convenio de colaboración con el Gobierno de Nafarroa, que podrá hacer uso del edificio y su entorno. A día de hoy, 150 presos siguen en paradero desconocido.

Además, el Palacio de la Cumbre, en Donostia, donde entre otros fueron torturados en 1983 Josean Lasa y Joxi Zabala antes de ser enterrados en cal viva por los GAL, pasará a ser de propiedad municipal en el plazo máximo de un año, una vez que la ley entre en vigor.