Mikel Albisu y Marixol Iparragire han comparecido ante la Audiencia Nacional española a raíz de una querella de la Asociación Dignidad y Justicia sobre el secuestro y la muerte del edil del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco hace 25 años. La abogada Amaia Izko, a la salida de la Audiencia, ha señalado que la declaración «ha ido francamente bien», ya que nadie ha solicitado prisión preventiva para ninguno de los dos.

Albisu se ha negado a declarar, señalando tan solo que ya ha cumplido, de forma íntegra, la condena impuesta en el Estado francés, mientras que Iparragirre ha recordado que no había sido entregada al Estado español por esta causa.

Tras su breve comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, Dignidad y Justicia, AVT y el PP han pedido medidas cautelares para Albisu: retirada del pasaporte, prohibición de salir del Estado español y fijación de un domicilio. Medidas sobre las que no ha habido resolución. Las acusaciones no han podido, por contra, pedir medidas cautelares para Iparragirre debido a que ha invocado el principio de especialidad por no haber sido entregada por esta causa.

A pesar de haber salido satisfecha, Izko ha querido denunciar «la gravedad de estos procedimientos que se están abriendo en cascada en la Audiencia Nacional contra esas personas que han tenido algún tipo de responsabilidad en la organización ETA, cuando esas causas no tienen ninguna base ni en la legislación ni en la jurisprudencia».

La abogada navarra ha apuntado que estas imputaciones «nos recuerdan a los peores años de esa ingeniería jurídica, donde las pruebas y las imputaciones se creaban de forma artificial y retorcían todas las leyes para pisar los derechos de estas personas y donde un informe de la Guardia Civil vale más que lo que digan jueces y tribunales».

Además, ha apuntado que «si cabe, ahora es más grave», ya que «antes se hacía con la excusa de la lucha contra ETA» y ahora «solo puede tener por objetivo la venganza o ganar la batalla del relato en la Audiencia Nacional, una batalla que no pueden ganar ni social ni políticamente».

Izko se ha mostrado confiada en «dar la vuelta a este caso, como hemos hecho en muchas otras ocasiones», pero ha reiterado su protesta ante unos procesos que «están teniendo un coste social, político y también desde el punto de vista de los derechos».