El Gobierno español y la Generalitat de Catalunya han sellado este miércoles dos acuerdos para «superar la judicialización de la política» y para «impulsar y proteger la lengua catalana». Así lo ha anunciado el ministro español de la Presidencia, Félix Bolaños, y la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, en sendas comparencias ante los medios tras la reunión la mesa de diálogo.

Por parte del Ejecutivo español también han participado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez y el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.

En cuanto al equipo de la Generalitat, han acompañado a Vilagrà el conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, y la titular de Cultura, Natàlia Garriga.

Como ya ocurrió en la segunda reunión en setiembre de 2021, la delegación catalana se componía íntegramente de consellers de ERC. JxCat apuesta por abrir una nueva etapa que permita, a través de la «confrontación democrática» con el Estado español, forzar una «negociación real».

«Desjudicialización de la política»

En lo referente al primer acuerdo, referido a la «desjudicialización de la política», Bolaños ha señalado que ha llegado el momento de «hacer política con mayúsculas, que apueste por los acuerdos y por el diálogo».

Ha afirmado que la superación de la judicialización ha de venir de dos vías, destacando que «la eventual mejora del marco normativo se ha de producir a través del diálogo, del acuerdo y los establecimientos de reforma que ya están establecidos».

«La segunda vía para superar la judicialización es que se renuncia a acciones que saquen la política fuera de las reglas del juego democrático», ha añadido antes de incidir en que los acuerdos a adoptar «han de ser representativos de mayorías amplias y transversales de la sociedad catalana».

«El compromiso es con acuerdos amplios, acuerdos transversales, acuerdos muy mayoritarios que consigan superar los conflictos», ha apuntado, y ha destacado que, según el acuerdo, las instituciones públicas «han de preservar en todo momento el interés general y adoptar las máximas garantías, especialmente cuando sus actuaciones afecten al patrimonio o a la situación de personas».

Bolaños no ha querido avanzar si el acuerdo incluye la derogación de los delitos de rebelión y sedición, sobre los que se basaron las imputaciones y las condenas a los políticos catalanes que participaron en el 'procés' que dio pie al referéndum del 1-O en 2017. 

No obstante, ha señalado que «nosotros, el Gobierno de España, estamos dispuestos a armonizar la legislación española con las mejores legislaciones de la Unión Europea, y para eso es necesario una mayoría parlamentaria que lo permita».

En este sentido, la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, ha precisado que «el acuerdo prevé que antes de que acabe el año tiene que haber reformas legislativas que hagan efectivo este fin de la judicialización».

A su parecer, es necesario «evitar la judicialización y superar la represión que se está produciendo con prisión, con exilio, con inhabilitaciones, multas... La estrategia de judicialización persistente ha enquistado el conflicto político y ha servido para agudizarlo, generando nuevas víctimas».

«Lo que hemos hecho es construir un marco, con unos primeros acuerdos parciales, para avanzar definitivamente en la superación de la judicialización y sus efectos, para atender las demandas democráticas avaladas por una mayoría social, amplia y transversal», ha añadido tras hacer hincapié en que «este es un primer paso para orientar decididamente el proceso de negociación de la resolución del conflicto político».

«Impulsar y proteger la lengua catalana»

Sobre la lengua catalana, Bolaños ha aseverado que el acuerdo parte de «dos premisas básicas: el reconocimiento de la diversidad lingüística de España como una riqueza de nuestro país, y la necesidad de que esa diversidad lingüística sea una fuente de riqueza de oportunidades y de derechos de los ciudadanos».

«Fortaleceremos la protección el impulso de la lengua catalana en la educación desde una perspectiva pedagógica y centrada en los derechos y libertades del alumnado; [...] y reconocemos la autonomía de cada centro educativo para reforzar una u otra lengua en función de la realidad social y lingüística de su entorno», ha apuntado.

Y ha anunciado que van a «favorecer una perspectiva lingüística de las políticas, de la legislación y de las instituciones», incorporando la realidad lingüística a los proyectos legislativos, garantizando el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en la lengua oficial de su elección ante la Administración pública, y «ampliando» el derechos de los representantes políticos a realizar su labor en todas las lenguas oficiales, «y para ellos vamos a impulsar la revisión del reglamento del Senado».

«También vamos a impulsar y proyectar la diversidad lingüística en el ámbito internacional, lo que quiere decir que vamos a solicitar al Parlamento Europeo la consideración del catalán como lengua de uso en el pleno», ha subrayado, y ha remarcado que «este acuerdo de protección e impulso del catalán es plenamente extensible al euskera, al gallego o a cualquier otra lengua oficial si así lo solicitan los gobiernos de las comunidades autónomas».

Vilagrà, por su parte, ha advertido de que la lengua catalana «estaba viviendo un proceso de judicialización obstinada por parte de diferentes sectores». 

«La lengua nunca debe ser motivo de confrontación social, política o judicial. Se tiene que mantener su capacidad de cohesión y de progreso social, y es responsabilidad de todas las administraciones hacer que no sea una lengua minorizada», ha sentenciado.