El ministerio público ha presentado su escrito de acusación ante el juzgado de instrucción número dos de Esplugues de Llobregat (Barcelona), después de que la artista colombiana rechazara el pasado miércoles la última oferta que le hizo la Fiscalía para alcanzar un acuerdo que rebajara las penas y evitara el juicio.

Shakira ya ha devuelto los 14,5 millones que le exigía la Agencia Tributaria y otros tres de intereses, por lo que la Fiscalía le ha aplicado la atenuante muy cualificada de reparación del daño para reducirle la pena que podría corresponderle por seis delitos contra la Hacienda pública, cada uno de ellos castigado con penas de hasta seis años de prisión.

Pese a que el pasado miércoles la cantante rechazó el acuerdo con la Fiscalía y decidió jugársela en el juicio, aún dispone de tiempo para pactar con las acusaciones -que incluyen también a Hacienda y la Agencia Tributaria catalana- hasta el momento de sentarse en el banquillo.

Como ninguna de las penas que se le solicitan supera los dos años de cárcel y carece de antecedentes, en caso de una eventual condena Shakira podría beneficiarse de una suspensión de la pena y evitar su ingreso en prisión, si así lo acuerda el tribunal.

El pasado mes de mayo, la Audiencia de Barcelona avaló la decisión del juez de enviar a Shakira a juicio, ante los indicios de que residía en el Estado español ya en 2012 y, por lo tanto, estaba obligada desde entonces a tributar.

Para evitar tributar en el Estado español, añade la Fiscalía, Shakira «utilizó un entramado societario», con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, con el fin de ocultar su renta y su patrimonio a la Agencia Tributaria española y catalana.

La Fiscalía sostiene que el «plan» de la cantante consistía en que sus empresas figuraban formalmente como titulares de las rentas, mientras que ella solo constaba «en último lugar y algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales» a las que fueron a parar la mayor parte de sus ingresos. «Todas estas sociedades carecieron de medios materiales y personales para realizar actividad alguna y los gastos que generaron fueron los puramente administrativosç, agrega el ministerio público, que cree que el único fin del entramado era «ocultar a la Hacienda pública las rentas y el patrimonio de la acusada».

El equipo legal de la cantante ha mantenido conversaciones con las acusaciones para alcanzar un pacto -que se debería ratificar igualmente en un breve trámite en juicio-, pero el pasado miércoles la cantante rechazó la última oferta y emitió un duro comunicado en el que criticaba la «persecución» a que la sometía Hacienda y la «intransigencia} de la Fiscalía durante todo el proceso.