​Después de un arranque titubueante matizando algunas medidas, la ministra Teresa Ribera no dio su brazo a torcer en su encuentro con los responsables de las comunidades autónomas. Las medidas de ahorro energético entrarán en vigor a medianoche tal cual las anunció el Gobierno central. Desde Lakua y la Generalitat habían pedido más tiempo y «flexibilidad» con las directrices, pero sus peticiones cayeron en saco roto. Catalunya mostró más enfado tras confirmarse la imposición, mientras que la consejera Arantxa Tapia afirmó que cumplirá, reiterando sus críticas al plan de urgencia diseñado por La Moncloa, que tilda de «efectista» y augura poco efectivo. 

​El plan de ahorro energético nació devorado ya por la lucha partidista entre el PSOE y un PP que piensa en las siguientes generales tras sus victorias en Madrid y Andalucía. El Partido Popular, además, acusa en esta polémcia un fuerte bicefalia entre Alberto Núñez Feijóo, el líder oficial, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. 

​Así, Núñez Fejóo había dado la consigna a las comunidades que controla (Madrid, Andalucía, Castilla y León, Galicia y Murcia) de exigir una Conferencia de Presidentes y la retirada del Real Decreto, en busca de un texto más consensuado. Pero Ayuso le ganó la mano con el anuncio de que su comunidad iba a llevar el plan ante el Constitucional, noticia que se llevó los titulares de la prensa más consumida por la derecha. Dejando, de este modo, muy en segundo plano la estrategia firme, pero medianamente conciliadora del presidente del Partido Popular y, en consecuencia, su liderazgo algo maltrecho. 

Ayiso deja en segundo plano la estrategia de Feijóo y, en consecuencia, su liderazgo algo maltrecho

​La situación tiene ciertos paralelismos con lo sucedido con el covid, donde el Gobierno mostró cierta incapacidad para controlar a las Comunidades Autónomas por falta de competencias en materia de salud. El recurso de Madrid, según avanzaron, irá por ahí. A modo de ejemplo, La Moncloa ordena que los escaparates se apaguen a las diez y la Comunidad de Madrid alega que las competencias sobre comercio son suyas y, por lo tanto, el decreto invade competencias que le son propias. 

​Sin embargo, Ribera no quiere que, en esta ocasión, cada territorio piense por su cuenta cuáles son las mejores formas de ahorrar energía. Y en esto la situación resulta por el momento radicalmente distinta a la que se dispuso para la pandemia, cuando sí que cada Comunidad Autónoma dispuso cuáles eran las mejores medidas a adoptar y el Gobierno español tan solo dio directrices muy generales. 
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Amenazas a administraciones insumisas

La posibilidad de una «insumisión» al Real Decreto –así la denominó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ayer por la tarde– por parte de las comunidades del PP (y muy especialmente por la de Madrid) está sobre la mesa desde ya. Montero tuvo que anunciar que no van a permtir que «ninguna administración» se salte la nueva normativa.

Por otro lado, el diario “El País”, con probable intención de serenar las aguas, citaba fuentes anónimas de gobiernos del PP que habrían sugerido que tal insumisión no va a darse, pero no descartaban cierta falta de celo a la hora de revisar que las nuevas medidas se cumplan, sobre todo, en ayuntamientos pequeños. 

La apuesta de La Moncloa es fuerte y en ella se juega de su credibilidad. El cumplimiento, o no de las medidas, será notorio

La apuesta de La Moncloa es fuerte y en ella se juega su credibilidad. El cumplimiento, o no, de las medidas se hará notorio si los escaparates no se apagan a su hora o si los aires acondicionados en los edificios de las administraciones no se ajustan al tope marcado. Y en lo referente a verificar y sancionar que la nueva normativa se aplique quizá los gobiernos del PP no estén tan solos en su desdén como parece. 

​Lakua no ha mostrado compromiso alguno con hacer cumplir más allá de lo imprescindible el nuevo real decreto. Tapia no pudo ser más ambigua cuando ofreció su «máxima voluntad» de que las nuevas medidas se apliquen en Araba, Gipuzkoa y Bizkaia. 

Tapia cuenta con el respaldo de las federaciones de comercio de cada herrialde (representan a más de 18.000 comercios en total), que han solicitado «flexibilidad» en la aplicación de las medidas, así como «consenso y claridad» sobre las mismas.

Implicación difusa

​Ni siquiera el Gobierno navarro, que siempre ha sido fiel aliado de La Moncloa en sus pulsos a los gobiernos territoriales, se motró entusiasta. Envió, tras la videoconferenica con Ribera en la que participó el consejero Mikel Irujo, una nota muy amplia con un «apoyo expreso» al Real Decreto y completada con una serie de medidas de ahorro energético desarrolladas en los últimos tiempos en el territorio que, sin dejar de tener interés, poco tienen que ver con la polémica abierta en estos momentos.

El representante catalán, por su parte, añadió que no está ni siquiera claro cuál tiene que ser la administración que sancione, lo que siembra fundadas dudas de su afán colaborador en este aspecto. 

El representante catalán añadió que no está claro qué administración debe sancionar, lo que siembra dudas de su afán colaborador

​El nivel de cumplimiento de las medidas, con todo, no depende exclusivamente de la implicación de las administraciones. Más allá de los límites de calefacción (19 grados) y aire acondicionado (27) en los edificios públicos, el paquete de medidas del Ministerio afecta directamente a muchos pequeños negocios que deberán decidir por sí mismos si se ajustan a los parámetros marcados.

​El desastre de la gestión de los estados de alarma y las restricciones por el covid ha sembrado un precedente nefasto tras las últimas decisiones judiciales a la hora de que haya un verdadero temor al poder coercitivo por parte de la población general. El Gobierno necesita dotar a su plan urgente de un andamiaje jurídico más robusto esta vez. 

Las otras medidas 

Las medidas que más discusión han generado son las del control de los aires acondicionados y la calefacción (que, de cumplirse estrictamente, chocarían con la legislación básica de prevención de riesgos laborales) y las más vistosas, como el apagado de escaparates y ciertas zonas de alumbrado público, como es el caso de algunos monumentos.

​Sin embargo, el Real Decreto no se queda ahí e incluye una revisión mucho más frecuente de las calderas y sistemas de calefacción. Recoge, además, unos planes de ayuda para impulsar modelos de calefacción más eficientes, instalaciones de autoconsumo o mejoras térmicas en los edificios que, en un primer momento, están muy escasamente dotados para el fin que se persigue. 

Hay medidas que se exigen y que es imposible que hoy estén activas, como el cierre automático de puertas

Asimismo, hay otras medidas que se exigen y que es imposible que mañana estén activas, como es el caso de los mecanismos de cierre automático de puertas para la hostelería. En principio, para el 30 de septiembre, todos los locales de este tipo deberán tener estos cierres automáticos instalados. 
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Solo es el principio

Cabe recordar que, por mucho debate que hayan generado estas medidas, son solo las primeras que están por llegar. La Moncloa se ha comprometido a reducir su gasto energético en un 7% este invierno y, si la propuesta actual no funciona, lo siguiente será más duro. 

​Al término de su encuentro con los responsables de las Comunidades Autónomas, la ministra Ribera explicó que los críticos no habían puesto sobre la mesa un plan alternativo al Real Decreto, por lo que se les había abierto un plazo hasta finales de este mes para que enviaran sus propuestas. 

El debate suscitado es más político que técnico y no queda tanto para que a Pedro Sánchez se le agote la legislatura.

​Será ya en septiembre cuando el Gobierno formalice un segundo plan de recorte del gasto energético que, además de ayudas para el fomento de la eficiencia, añadirá otros recortes de gastos de energía que se entiendan superfluos. Y es probable que estas medidas se vayan sometiendo sucesivamente a revisión, en tanto que, por de pronto, el Real Decreto solo tiene validez hasta noviembre, cuando previsiblemente sea sustituido por otro. 

​No cabe obviar tampoco que el debate suscitado por la norma tiene un carácter más político que técnico o competencial y no queda tanto (14 meses) para que Pedro Sánchez agote la legislatura, y aun menos (9 meses) para el grueso de las elecciones autonómicas y todas las municipales.