Estamos en abril de 2020 y, por tanto, confinados. El 12 de abril, el Estado relaja medidas y se regresa a los trabajos no esenciales. Hay problemas. No es fácil conseguir mascarillas, ni equipos de protección. Parece que solo las grandes multinacionales, como Volkswagen, saben manejarse en un mercado así de turbulento.

Resulta complejo determinar quién busca a quién. «Estábamos todos. Eran videoconferencias con mucha gente. Estaba la CEN, sí, pero también organizaciones de autónomos y recuerdo a los supermercados», comenta una de las participantes. Fueron tres las videoconferencias en las que nació el acuerdo. 

Ahí se rubrica una mala decisión, que entonces no lo parecía. Para que los equipos de protección lleguen a las pequeñas y medianas empresas navarras, se harán grandes compras conjuntas de material con ayuda pública. Y se diseña un plan. 

La conferencia de empresarios (CEN) se encarga de establecer cuántas mascarillas y equipos serán necesarias. Calcula 716.584 mascarillas cada mes. Sodena, la sociedad pública que ayuda a las empresas, adelantará dos millones de euros. Y Albyn, una empresa especializada en equipamiento médico, se encargará de comprar el material, almacenarlo y venderlo. A cambio, se quedará con un 3,5% de las ventas.

Deciden acopiar material para tres meses. Los motivos son dos. Uno, por la economía de escala. A mayor cantidad, más barato. El otro, porque si no se alcanzaba cierto volumen de compra, los operadores ni siquiera les atenderían. 

Para ello, Sodena entrega dos millones de euros a Albyn mediante un crédito puente con las que ejecuta diez operaciones de compra entre abril y mayo. GARA ha contrastado los precios de cada unidad con los datos publicados por Civio sobre las compras de los distintos Servicios de Salud de las CCAA y, aparentemente, Albyn lo hizo dentro de los umbrales normales. FPP2 a 2,25 euros en abril, luego otro lote a 1,68 euros, quirúrgicas a 0,43 euros en junio, etc. Hay servicios de salud, como el de Tenerife, que compraron mascarillas FPP2 a 4,3 en esas fechas.

La operación arranca muy bien y se publicita como un gran logro del Gobierno. A fin de cuentas, las pymes navarras conseguían equipos de protección, lo que permitía reactivar la economía y, dentro de lo que cabe, preservar la seguridad de los trabajadores. 

Así, hubo unas primeras ventas y la CEN se hizo con medio millón de mascarillas de distinto tipo. En total, se consiguieron ventas por valor de 784.728 euros. Poco después, todo se fue al garete. 

En total, se consiguieron ventas por valor de 784.728 euros. Poco después, todo se fue al garete.

El mercado de las mascarillas y de los EPI se normalizó, volvió a haber material de sobra, los precios cayeron y el Estado pronto los reguló. Y, lo peor, en el acuerdo con la CEN donde se estimaba la demanda de mascarillas por parte de las empresas navarras no se incluyó obligación alguna de comprar ese material. 

Los empresarios se negaron a socializar pérdidas, incluso los que se habían beneficiado de inicio con la operación, y abandonaron a Sodena en cuanto encontraron material más barato por otras vías. Las mascarillas acabaron en el almacén. De dos millones de euros de crédito de Sodena, se dan por perdidos 1,24.  

El fiasco no había forma de taparlo. Aunque se sabe que hay operaciones de compra bastante peores, como las famosas de Madrid, las mascarillas adquiridas por los servicios de salud se acabaron usando. Y el precio más alto o más bajo por el que se adquirieron se diluyó dentro de los ingentes gastos de material. En este caso no fue así. Y por eso hay dos naves con 1,7 millones de mascarillas este momento en Nafarroa sin que nadie sepa muy bien qué hacer con ellas. 

En total, se consiguieron ventas por valor de 784.728 euros. Poco después, todo se fue al garete

El reconocimiento de más de un millón de euros en pérdidas activó a Inspección, que consideró incorrecta la actuación de Sodena. El interventor sostiene que no pasó por un proceso de autorización previa y que el crédito debió activarse con un tipo de interés.

La discrepancia entre Sodena con el interventor se ha saldado con el cese de la directora general de Sodena, Pilar Irigoien, quien ha presentado alegaciones. Afirma Irigoien que el interventor no atiende al momento en que se fraguó el acuerdo y que se hizo «ante una necesidad inaplazable para atender una urgencia de servicio público».

Comptos ha activado un equipo especial para revisar a fondo la operación. En cuanto al cese, hay polémica entre los socios de Gobierno. Irigoien es la directora de Sodena, pero la consejera de Hacienda, Elma Saiz, estaba junto a Manu Ayerdi en el Consejo de Administración.