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Imaz (Repsol) plantea subir el IRPF en lugar de gravar más los beneficios empresariales

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha cargado este domingo contra el impuesto a las grandes energéticas planteado por el Gobierno español al indicar que «no va contra los ricos», sino «en contra de la actividad empresarial». A cambio, propone «que suban el IRPF y las rentas de capital».

De izquierda a derecha, Josu Jon Imaz (Repsol), Arantxa Tapia (consejera del Gobierno de Lakua) y Miguel Ángel López (Siemens Gamesa) en el Puerto de Bilbo el 15 de enero de 2021.
De izquierda a derecha, Josu Jon Imaz (Repsol), Arantxa Tapia (consejera del Gobierno de Lakua) y Miguel Ángel López (Siemens Gamesa) en el Puerto de Bilbo el 15 de enero de 2021. (Marisol RAMIREZ | FOKU)

La portavoz federal del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha replicado a las críticas del consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, sobre el futuro impuesto a las compañías energéticas, al señalar que «ha llegado el momento» de que estas empresas «arrimen el hombro» para repartir «entre todos» la carga de la crisis.

En una tribuna publicada este domingo en el diario ‘El País’, Imaz afirma que el gravamen presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez para su tramitación parlamentaria «no es para los ricos». «Si ese es su discurso, les pido a los gobernantes que sean valientes, que suban el IRPF y las rentas de capital y graven al que tiene dinero», ha ahondado al respecto.

A finales de julio, el Ejecutivo español presentó ante el Congreso una proposición de ley para aprobar dos gravámenes: uno del 4,8% sobre el margen de interés y las comisiones de los grandes bancos; y otro del 1,2% sobre los ingresos de las principales energéticas. La justificación son los «beneficios extraordinarios» recogidos gracias a las subidas de tipos de interés y el alza de los precios energéticos, respectivamente.

«Probablemente ilegal»

El expresidente del PNV y exconsejero del Gobierno de Lakua, señala en su escrito que paga «con gusto» los impuestos, que ha defendido también en base a su trayectoria personal: «Pude estudiar toda mi vida con becas porque algunas personas pagaron sus impuestos para que yo alcanzase una formación y pienso en ello cada vez que pago los míos».

Por el contrario, sostiene que el impuesto en cuestión va «contra la actividad empresarial» y que, además, se pretende abordar con «una legalidad cuestionable». En este sentido, resalta que el Gobierno «ha evitado» presentar un proyecto de ley y que la iniciativa la han registrado dos grupos parlamentarios –PSOE y Unidas Podemos– «y así se saltan los informes y los contrastes».

Igualmente, indica que el nuevo gravamen sería «probablemente ilegal» en el sistema fiscal estatal y que, por ello, se ha preferido la figura de prestación patrimonial. «Es simplemente un impuesto encubierto que grava a las empresas por partida doble», añade.

En 2008, rescatados con dinero público

Al ser preguntada sobre esta tribuna por los periodistas en un acto que ha tenido lugar en Torrelavega (Cantabria), la portavoz del PSOE ha recordado los «importantes réditos» que han obtenido en los últimos meses relevantes empresas energéticas y financieras del Estado, añadiendo que «ha llegado el momento de que una parte menor de esos beneficios se distribuyan entre el total de la ciudadanía para ser fortalecidos de esta crisis».

Alegría ha señalado que con la crisis financiera de 2008, cuando gobernaba el PP, quienes «sufrieron duramente» fueron las clases medias y trabajadoras, mientras que ahora el Ejecutivo trabaja para «repartir» el impacto de esta nueva crisis «entre todos».

Ha recordado también que, cuando la banca necesitó en 2008 recursos públicos, las ciudadanas y los ciudadanos, a través de sus impuestos, hicieron un «esfuerzo» y aportaron los recursos para la recuperación de ese sector.

Y ahora, en esta «situación complicada», considera que ha llegado «la hora» de que estas importantes empresas energéticas y bancarias hagan «de verdad un ejercicio de responsabilidad corporativa, y lo hagan de una manera positiva».

Además, ha indicado que el impuesto a las energéticas está siendo implantado en «casi la práctica totalidad de los países europeos, muchos de ellos con gobiernos conservadores», para poder redistribuir la carga de la crisis entre todos.