El Gobierno de Elisabeth Borne lleva al consejo de ministros que se celebra este miércoles, 7 de setiembre, dos proyectos con los que la presidencia de Emmanuel Macron se adentra en el núcleo duro del debate político.

Dos materias sensibles, la seguridad y la protección social, han sido las cuestiones que ha priorizado la primera ministra para el arranque de curso. Ello a la espera de poner calendario a la reforna del sistema de pensiones, que la patronal Medef quiere que se aborde desde este mismo otoño, por más que la coyuntura no sea precisamente propicia para un debate sosegado.

Los dos proyectos de ley, el de seguridad y el del sistema de desempleo, exigirán al Gobierno francés completar la mayoría de que no dispone en el Parlamento, en un contexto de urgencia, ligado a la crisis energética, que ya le permitió al Ejecutivo sacar adelante su plan sobre el poder adquisitivo a las puertas del verano.

El apoyo de la derecha de Les Républicains y la consigna de abstención en la que se escuda cada vez más a menudo la ultraderecha han permitido al Gobierno, con algún que otro sonado revés, sacar adelante la mayoría de las votaciones, al tiempo que han reforzado la imagen de oposición casi única de la Nueva Unión Popular Ecológica y Social (Nupes).

Pero el debate crucial, el de los Presupuestos, se anuncia una dura prueba para el Ejecutivo galo.

Faure, socialista y azote de los muy ricos

La Nupes ha arrancado el curso verbalizando, por boca del dirigente socialista Olivier Faure, una propuesta para implantar una tasa a los superbeneficios de los que más ganan.

Una iniciativa que, con unos u otros matices, es apoyada, según revelan algunos sondeos, por un 65% de los ciudadanos y con la que la Nupes ha marcado el tono del debate en un contexto de preocupación social creciente por los palpables efectos de la inflación en las economías domésticas a la espera de las nuevas estrecheces que se anuncian cara al invierno.

El Gobierno Borne aspira a extender hasta 2023 las reglas más restrictivas de acceso a las prestaciones de desempleo en vigor desde 2019 y que perjudican especialmente a los trabajadores que alternan habitualmente periodos de empleo y de inactividad laboral.

Borne, cuyo nombre figuraba a la cabeza de la restrictiva reforma del desempleo que entró en vigor en plena pandemia, hace suyo el objetivo de llevar la tasa de desempleo del 7,4% actual al 5% al final del segundo mandato de Macron.

Su sucesor al frente de la cartera de Empleo, Olivier Dussopt, defiende la adopción de «reglas que inciten a volver a trabajar» y, para justiricar la norma, alude al contexto de «crecimiento y creación de empleo en el que, paradójicamente, muchos sectores tienen dificultades para contratar».

De la hostelería a la construcción, pasando por los servicios sanitarios o educativos, en los últimos meses se han hecho predominantes los discursos de precarizar la mano de obra, que, por influjo de la ultraderecha, no inciden tanto en apuntar a la imperativa necesidad de mejorar las condiciones laborales como a estigmatizar a los perceptores de prestaciones.

8.500 nuevos puestos en Policía y Gerdarmería

Dos términos, «feignant» –vago o perezoso– y «assistanat» –para designar a los «asistidos» o perceptores de ayudas–, se han normalizado en el lenguaje político, pasando de la ultraderecha a los sectores ‘ultra’ de Les Républicans (LR) e incluso a ciertos espectros del macronismo, como el que representa el ministro de Interior, Gérald Darmanin.

El incombustible «Primer Policía de Francia» cuenta con sacar adelante su proyecto de ley de orientación y programación (Lopmi), que prevé otorgar al Ministerio de Interior una dotación suplementaria de 15.000 millones de euros en cinco años y que debería permitir, según su mentor, «doblar la presencia de policías en el espacio público».

La primera ministra ya se descolgó ayer con un avance del texto, según el cual se crearían 8.500 nuevos puestos repartidos entre Policía y Gendarmería. Recordó Borne que en el primer quinquenato de Macron se crearon ya 10.000 nuevas plazas de uniformados.

Para evitar un disgusto en la tramitación parlamentaria, Darmanin ha debido recortar varios artículos del texto, entre ellos el que aludía a las medidas para «agilizar la expulsión de extranjeros que cometan delitos».

La medida, a la que no hará ascos la ultraderecha, se incorporará a la futura nueva ley sobre migración que anuncia el ministro de Interior.