Dos días después de recibir las llaves de Downing Street, Liz Truss ha presentado su anunciado paquete de medidas para hacer frente a la crisis económica y que se puede resumir en tres puntos: congelación de las facturas energéticas a los hogares de Gran Bretaña, recortes de impuestos a grandes empresas y levantar la moratoria sobre el fracking.

Se había anunciado que el techo de la factura energética de los hogares británicos aumentaría un 80% el 1 de octubre. Se ha duplicado en un año , las previsiones apuntaban a 5.000 libras por año para un hogar promedio, alimentando una inflación de dos dígitos que está acelerada. Sin embargo, en su intervención este mediodía en la Cámara de los Comunes, Truss ha señalado que bajo su plan «el hogar típico no pagará más de 2.500 libras» durante los dos próximos años.

Kwasi Kwarteng, ministro de Economía, dará detalles de los costos de estas medidas cuando haga una declaración fiscal a finales de este mes. Sin embargo, la prensa británica ya cifra que deberían costar entre 100.000 y 150.000 millones de libras.

Truss ha querido remarcar cómo podrá su Ejecutivo «sufragar» esos costos y la fórmula ha sido recuperar el fracking, prohibido desde 2019, y conceder más de un centenar de nuevas licencias para extracciones en el mar del Norte. La oposición le reclamaba un impuesto sobre las enormes ganancias de las petroleras, pero la medida ha ido en el sentido contrario. De hecho, se eliminarán los gravámenes ecológicos sobre las facturas de energía y las empresas obtendrán protección contra el aumento de los precios de la energía.

Con ello, Truss ha asegurado que el Reino Unido «ofrecerá un entorno estable para dar confianza a los inversores» a medida que «hacemos la transición a cero neto». Así, ha advertido que realizará «una revisión» para fines de 2022 de la trayectoria del Estado hacia el objetivo de neutralidad de carbono para 2050, para garantizar que lo logre «de una manera amigable para las personas, los negocios y el crecimiento».

Además, se ha marcado como objetivo «ser un exportador de energía neta para 2040, mediante el uso de fracking, generación de energía nuclear y renovable expandida».

La premier ha apuntado que el fracking solo debería tener lugar donde haya apoyo de las comunidades locales. Sin embargo, este apoyo se puede comprar. Según ‘The Telegraph’, las empresas de fracking ofrecerán una reducción del 25 % en sus facturas de energía para asegurar el apoyo local. Sin embargo, antes de la moratoria de 2019, el fracking se encontró con una feroz oposición por parte de las comunidades, que resistieron los intentos de desarrollar el fracking localmente. De hecho, durante la pasada década tan solo se pudieron poner en marcha dos proyectos y ambos fueron cerrados poco después tras detectarse el aumento de movimientos sísmicos.

«Una falsa solución»

A pesar de ello, habrá que ver cómo la medida, en principio de grandes dimensiones, se puede llevar a cabo, dado que el Gobierno escocés ya ha avanzado que ese cambio de reglamentación no tiene efecto en Escocia, donde el propio Ejecutivo de Edimburgo tiene competencias sobre ello. «El fracking solo puede ocurrir aquí si el Gobierno escocés emite licencias y no tenemos la intención de emitir ninguna licencia», ha apuntado el ministro Michael Matheson. El Gobierno galés también ha insistido en numerosas ocasiones en su rechazo a estas extracciones de gas.

El colectivo Friends of the Earth (Amigos de la Tierra), uno de los principales grupos ecologistas de la isla, ha subrayado que el fracking es «una falsa solución» a la crisis. «La forma más efectiva de reducir nuestras facturas es desarrollar energías renovables, junto con un programa gratuito de aislamiento de viviendas calle por calle».