Los grupos de la oposición han tomado la palabra este jueves tarde en el Pleno de Política General que se celebra en el Parlamento de Gasteiz. La intervención más esperada ha sido la de Maddalen Iriarte, portavoz de EH Bildu en la Cámara autonómica, que ha insistido en que «es tiempo de articular soluciones audaces, estructurales que, desterrando los dogmas neoliberales, garanticen bienestar, seguridad y justicia para la mayoría; de lo contrario, dejaremos el campo abonado a respuestas fratricidas y autoritarias».

Ha alertado de que «la creciente regresividad de las políticas fiscales está generando una brecha creciente entre el 1% de las élites y el 99% restante de la gente», y ha insistido en que «debemos disponer de recursos suficientes para dinamizar la economía y mantener y fortalecer los servicios públicos».

«Este país necesita una profunda reforma fiscal que grave más los ingentes beneficios de grandes empresas y de las rentas altas. Y aprobar la deflactación del IRPF en lugar de una reforma fiscal y apelar a la buena voluntad de la patronal para hacer frente al empobrecimiento de la mayoría trabajadora es responder con viejos esquemas a nuevos problemas», ha añadido.

A su juicio, «subida general de salarios y fiscalidad más justa son elementos fundamentales para hacer frente a la crisis inflacionaria y al deterioro de los servicios públicos»; ya que la «degradación» de los mismos es «cada vez más evidente». Ha puesto como ejemplo la situación de Osakidetza, que, lamentablemente corre el resigo de caer como un castillo de naipes».

En cuanto a los «pactos de país» planteados por el inquilino de Ajuria Enea, Iriarte ha recordado que se ha «desgañitado insistiendo en la necesidad de hacer acuerdos de país. Cada vez que he subido a este atril. Todas y cada una de las veces». «Durante la pandemia repetí una y mil veces que era imprescindible que la inteligencia de este país se incorporara de manera cooperativa a hacer frente a una situación que nunca antes habíamos vivido», ha aseverado, y ha reivindicado «pactos de Estado». «Funcionar como Estado pese no serlo», ha subrayado.

Y ha puesto sobre la mesa la necesidad de un «Pacto de Bienestar», que tenga por objeto garantizar los derechos básicos, aportar seguridad a la ciudadanía y «dar un salto de la resignación a la esperanza»; con medidas encaminadas a garantizar ciudades y empresas tengan energía a un preciso «justo», y que garanticen el acceso a una vivienda digna. 

Ha señalado que para adoptar estas medidas es preciso hablar de soberanía. «Y EH Bildu quiere hoy volver a decir alto y claro, sin aspavientos pero sin complejos, que nosotras queremos que los vascos/as, las personas que viven y trabajan en Euskal Herria lo decidan todo y lo decidan aquí, sin tutelas y sin límites», ha destacado.

«Lehendakari, usted se comprometió a realizar una consulta en el año 2015 sobre una nueva propuesta de estatus político. Siete años después, se limita a reclamar el cumplimiento del Estatuto. Ha vuelto a la primera casilla y ha cerrado el círculo», ha declarado, y ha preguntado a Urkullu si ha renunciado a un nuevo estatus: «¿Ha tirado usted la toalla?».

En este sentido, ha remarcado que «Euskal Herria en su conjunto, y la CAV, necesitan poner en  marcha otro modelo de relaciones con el Estado», y ha mostrado la disposición de EH Bildu ha llegar acuerdos para avanzar en la soberanía, para lograr el «Pacto del Estado Vasco».

Elkarrekin Podemos-IU y su defensa de «lo público»

La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, también se ha referido a la propuesta de «pactos de país» presentada por el lehendakari, haciendo hincapié en que «en principio un pacto de país nos parece que es algo positivo», pero ha alertado de que «últimamente se está abusando del término y está perdiendo su significado».

«Abusar de un concepto hace que acabe siendo vaciado de contenido y se convierta en una especie de eslogan para mostrar un perfil político determinado: de gobernabilidad, de responsabilidad institucional… pero puede estar totalmente vacío», ha añadido antes de incidir en que «lo más importante de cualquier pacto de país es el contenido».

Y ha reiterado que «nosotras también queremos pactos de país, claro que sí, pero creo que ha llegado el momento de anteponer el contenido de esos pactos al propio formato. Porque hablar del contenido es hablar del modelo de país que queremos».

En este sentido, ha aseverado que «si el acuerdo no sirve para dignificar las condiciones de vida de la gente, si el pacto no sirve para garantizar los derechos de la ciudadanía, si esos pactos de país no son la garantía de una Euskadi más igualitaria, más justa, más cohesionada; entonces estaremos hablando de una estrategia simplemente electoralista, de propaganda política, de humo, algo que nada tiene que ver con los intereses de la mayoría social vasca».

A su juicio, es preciso que los pactos o los acuerdos que se den tengan por objeto «la defensa, la mejora y el ensanchamiento de lo público».

«Lo público es aquello que nos proporciona condiciones de igualdad al margen de la familia de la que provengas, al margen de que hayas nacido aquí o en Senegal, al margen de que trabajes en una oficina, en un torno, o en la caja de un supermercado, al margen de la margen del Nervión en la que vivas. Lo público es aquello que dispensa el mismo trato a la trabajadora del hogar que al ejecutivo», ha apuntado.

Ha remarcado que «lo público es, en definitiva, la clave para preservar el Estado de Bienestar, garantizar la igualdad de oportunidades y el ejercicio real de los derechos de la gente. Por eso, toda nuestra acción parlamentaria va a estar encaminada a la defensa, la mejora y el ensanchamiento de lo público».

Gorrotxategi no ha dejado pasar la oportunidad de criticar al Gobierno de Lakua por los «incumplimientos» en el acuerdo sobre la futura Ley de Educación, «tendentes todos ellos a potenciar el sector privado»; y por la situación de Osakidetza y las declaraciones realizadas durante el verano por la consejera de Salud, Gotzone Sagardui.

«No puede existir un 'pacto de país' en salud que tenga por objeto la privatización de Osakidetza, la externalización de los servicios, o la promoción de los seguros privados. La ley que venga debe reforzar el servicio público, especialmente la Atención Primaria, dignificar las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras, porque… ¿Quién estuvo en primera línea, con jornadas agotadoras, doblando turnos, arriesgando su propia salud, durante toda la pandemia?», ha preguntado.

En la misma línea se ha pronunciado su compañero de filas, Iñigo Martínez, que ha reclamado una empresa pública de energía; y vivienda protegida para la juventud. «Somos las capitales más caras del estado y el PNV y PSE hace como si oyeran llover», ha manifestado.

El PP pide una rebaja de impuestos

Por su menor representación, los primeros en intervenir en el Pleno de Política General han sido los representantes de la derecha española, que han echado mano de algunos tópicos, como son las críticas a la salvaguarda de los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas vascas, y la supuesta inseguridad ciudadana.

Estos han sido dos de los aspectos en los que se ha centrado la intervención del presidente del PP, Carlos Iturgaiz, que ha arrancado con la vista puesta en el Gobierno español, acusando al Gabinete de Iñigo Urkullu de ser el «flotador de Sánchez».

«Salvar al peor gobierno de España, en el peor momento de nuestra historia, es malo para todos, vascos incluidos», ha señalado antes de volver a reclamar una bajada de los impuestos, adviritiendo de que la deflactación propuesta por el lehendakari «llega tarde y se queda corta».

Ha insistido en que es necesario «abordar la reforma fiscal para recluir impuestos»; y ha instado al Ejecutivo a «ajustarse el cinturón para libertar recursos», sin detallar de dónde pretende obtener los recursos para financiar la Educación o la Sanidad. Se ha limitado a abogar por «eliminar chiringuitos».

Vox y su defensa de la energía nuclear

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, también ha pedido una reforma fiscal, pero esto ha quedado eclipsada por la defensa del fracking y de la energía nuclear.

«Señor Urkullu: ante la situación energética que vivimos, ¿está usted de acuerdo con las afirmaciones de su consejera y se muestra dispuesto a modificar la posición de su gobierno respecto a la energía nuclear y el fracking?», ha preguntado antes de cargar contra y los derechos lingüísticos de los ciudadanos que quieren ser atendidos en euskara por parte de la Administración, y el uso del idioma en la educación, hablando de un supuesto «sectarismo lingüístico».

En cuanto a la memoria histórica, ha recordado a las «víctimas provocadas por el bando republicano», y ha acusado al Ejecutivo autonómico de «abrir viejas heridas que los padres de la Constitución quisieron cerrar».

Y sobre el conflicto que padece Euskal Herria, ha cargado contra la repatriación de presos vascos y ha censurado el autogobierno. «El País Vasco no necesita más competencias», ha apuntado, y ha incidido en que «la única nación con encaje político, jurídico e histórico es España».