El Gobierno de Elisabeth Borne ha presentado este lunes su Proyecto de ley de Presupuesto, por lo que la primera ministra ha acudido a un matinal de televisión para un primer ejercicio de venta de esas cuentas.

A diferencia del primer mandato de Emmanuel Macron, el ejecutivo solo dispone de una mayoría relativa en la Asamblea Nacional. Primer hándicap.

Sin embargo, el obstáculo mayor puede venir del hecho de que, atendiendo a las prisas expresadas por la patronal Medef, el tándem Macron-Borne haya planteado tramitar el capítulo que afecta a las pensiones como un mero apartado del presupuesto con que contará en 2023 la Seguridad Social.

Será a partir del 3 de octubre cuando los diputados aborden el nuevo periodo de sesiones, y lo harán sobre un calendario social agitado, ya que los sindicatos anuncian movilizaciones -desde este jueves- en defensa del poder adquisitivo de los salarios, mermado por una inflación que supera el 6%, y también en contra del alargamiento de la edad de jubilación.

«Junto al presidente, la decisión se adoptará de aquí al fin de semana», ha anunciado Borne en la entrevista con la cadena de televisión BFMTV, en la que ha confirmado que el proyecto relativo al sistema de pensiones «es prioritario» porque su contenido debe poder aplicarse, ha confirmado, desde el año próximo.

Sin dar más detalles, Borne ha corroborado que el proyecto se ajustará al objetivo de «retrasar progresivamente la edad en que se puede aspirar a la jubilación».

Esa edad de referencia en que se puede acceder a la jubilación -debe haberse completado el periodo total de cotización exigido de 172 trimestres- está fijada actualmente en 72 años de edad. El Gobierno plantea alargar progresivamente esa edad de referencia hasta los 65 años.

La primera ministra hacía esas declaraciones antes de la reunión del Consejo de Ministros en el que se dará luz verde al Proyecto de Presupuestos y de Financiación de la Seguridad, además del Proyecto de Ley de Energías Renovables.

Al final del Consejo de Ministros, finalmente solo se anunciaban públicamente las cuentas, sin mención a la reforma de pensiones. El contenido de esa reforma y, sobretodo, su fórmula de tramitación debe quedar despejada a lo largo de la semana.

Tarifas energéticas a precios controlados

El Proyecto de Ley de Presupuestos contempla que, aunque no al nivel de 2022, se mantenga el llamado escudo tarifario. Si este año la medida de intervención gubernamental ha permitido que las facturas de gas y electricidad que pagan las familias no suban más allá del 4%, para el año 2023 el Gobierno dija el objetivo de que la subida no supere el 15% (unos 25 euros/mes).

La medida no contentará a la oposición, particularmente a la Nueva Unión Popular Ecológica y Social (Nupes), que reclama que se aplique «una tasa a los superbeneficios de las empresas».

El último informe del Alto Consejo de Finanzas Públicas tampoco conforta al Gobierno. Ese organismo ha tachado de poco ambiciosa la previsión de reducción del déficit del 5% al 2,9% de aquí a 2027, y ha revisado a la baja la previsión de crecimiento de la economía, fijada por el Ministerio de Economía en un modesto 1%.

El Consejo estima que la economía gala no crecerá más allá del 0,6% en 2023.

Recurso al artículo 49.3

El interés se centra en saber si el Gobierno acordará su reforma de pensiones, para lograr los 40 votos que le faltan para cuadrar la mayoría absoluta, o si recurrirá a un mecanismo de mala reputación democrática: el artículo 49.3 de la Constitución.

Ese artículo permite al Gobierno aprobar una ley por decreto, esto es, sin recurrir al voto en el Parlamento.

Esta mañana Borne ha hablado de reuniones con los ministerios afectados y de diálogo a la búsqueda de acuerdos, pero no ha descartado recurrir a «uno de los dispositivos de que dispone el gobierno en caso de bloqueo», ha advertido.

Ello dejaría a la oposición ante la única opción de recurrir a la moción de censura. Una maniobra política no exenta de riesgo.

La Nupes ya recurrió a presentar una moción de censura, más bien testimonial, en julio. Fue rechazada por 146 de los 577 parlamentarios que componen la Cámara baja.

Dada la posición contraria a la reforma de pensiones que mantiene Rassemblement National (RN), la Nupes tendrá que tentarse la ropa, ya que el macronismo y sus altavoces mediáticos no durarían en utilizar una eventual coincidencia de voto para equiparar los planes de la oposición de izquierda con los de la ultraderecha.