El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga se encontró el 13 de septiembre que tras acudir a la comisaría de la Ertzaintza de Erandio, las actas de la Junta de Seguridad que había pedido y que le habían dicho desde el Departamento de Seguridad que fuera allí a consultar y recoger, estaban llenas de tachones, convirtiéndolas en inútiles para su trabajo. Por ello solicitó amparo a la Mesa de la Cámara que, a su vez, pidió explicaciones al Gobierno. La Consejería de Josu Erkoreka responde a través de su directora de Gabinete, Tatiana González, viniendo a decir que no sabe muy bien por qué se queja ahora Julen Arzuaga, puesto que otras veces también le han dado información mutilada tachando datos que consideraba policialmente sensibles. Quizá pudiera deberse a que en esta ocasión se ha emborronado prácticamente todo, incluida la planificación de la vigilancia de la Vuelta Ciclista a España de 2012, que la gente podría no entender cómo, diez años después, su «conocimiento fuera de su ámbito de aplicación compromete y afecta de forma directa a la Seguridad Pública».

También alega el Gobierno de Lakua que hizo lo mismo con una solicitud de información del PP y que estos no han pedido amparo a la Mesa.

En Madrid ni responden

Añade además Tatiana González en defensa de su Departamento que el Gobierno de Madrid ni siquiera atiende este tipo de solicitudes, como las que registraron PP y Vox, para no comprometer la seguridad pública.

La Consejería de Erkoreka confiesa que «comparte el motivo invocado por el Gobierno central, en este caso el Ministerio del Interior, para denegar el acceso a las actas de las Juntas de Seguridad a los grupos solicitantes».

Pero Lakua asegura que con su procedimiento, y a diferencia de Madrid, «este departamento ha tratado de conjugar el ejercicio del ius in officium que asiste al parlamentario con la necesidad de no desvelar ninguna información que comprometa o pueda comprometer la Seguridad Pública».

Propone volver atrás

Llama la atención que la directora de Gabinete proponga ahora como solución que en lugar de hacer ir al parlamentario a dependencias administrativas, se le mande por otra vía la información censurada.

Esto sería una regresión en sus derechos, porque el reglamento y precisamente para estos casos, recoge que «si por la índole de la documentación solicitada o por la normativa vigente no se pudiera facilitar copia de aquella, la Administración podrá sustituir su envío por el acceso de la parlamentaria o parlamentario a las dependencias administrativas. En tal caso, la parlamentaria o parlamentario podrá tomar las notas y obtener las copias de los documentos que estime oportunas».

Es decir, acudir a la Administración a ver y copiar la documentación es un derecho ganado por los parlamentarios que Lakua no ha estado acostumbrado a respetar y que ahora parece que quiere eliminar.