El Gobierno español ha decidido mantener la gratuidad del transporte en trenes de Cercanías y Media Distancia para pasajeros recurrentes durante el año 2023, extendiendo así una medida que inicialmente iba a terminar el 31 de diciembre de este año.

Así lo ha avanzado la ministra española de Hacienda, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que este martes ha dado luz verde al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año.

En concreto, los PGE incluirán una partida de 700 millones de euros para el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, lo que supondrá un incremento del 41,2% respecto al año pasado, la mayor parte destinada a esta medida.

Montero ha confirmado además que el Gobierno español ampliará a más familias la ayuda de 100 euros por hijo a cargo hasta los 3 años –actualmente solo lo reciben las madres trabajadoras–, y ha puntualizado que será «dentro de las prestaciones contributivas».

Así se ha pronunciado después de que la vicepresidenta segunda y ministra española de Trabajo, Yolanda Díaz, haya desvelado este mismo martes que se impulsará una prestación de crianza de 100 euros para todas las familias con menores de 0 a 3 años.

Si bien, la ministra de Hacienda ha querido ser «prudente» y no ha avanzado más detalles sobre la Ley de Familias, a la espera de que el borrador de esta norma llegue al Consejo de Ministros y sea presentado «en unos días» por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

Las cuentas incluirán además un incremento del gasto educativo del 6,6% respecto al año anterior, hasta 5.354 millones de euros, y un aumento del gasto sanitario del 6,7%, que incluye 173 millones para Atención Primaria y 500 millones para infraestructuras de Atención Primaria y salud mental.

El presupuesto destinado a la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) volverá a crecer en 2023, y se situará en un monto global de 16.328 millones de euros, ha adelantado también Montero.

La ministra de Hacienda y Función Pública ha afirmado que la partida de pensiones recogida en los PGE para 2023 se incrementará un 11,4% respecto a 2022 por la incorporación de nuevos pensionistas y, sobre todo, por la revalorización de las pensiones con la inflación anual media del mes de noviembre, que estará «en torno a un 8,5%», según Montero.

Estas medidas han formado parte de la negociación que finalmente ha finalizado con un acuerdo alcanzado esta madrugada ‘in extremis’ por parte de las dos formaciones gubernamentales en el Estado español.

Tras su aprobación en Consejo de Ministros, lo previsible es que Montero las lleve la próxima semana ante el Congreso de los Diputados, con el propósito de que antes del 31 de diciembre la Ley de Presupuestos esté aprobada y, por tanto, el 1 de enero entre en vigor.

Las principales exigencias de Unidas Podemos

Las principales advertencias que lanzaba Unidas Podemos tenían que ver con que consideraban que el aumento del presupuesto público «no puede ir» dirigido al gasto en Defensa, sino que «debe destinarse a la inversión social y a reducir las desigualdades».

Montero, por su parte, ha explicado que el presupuesto del Ministerio de Defensa aumentará un 6,5% en 2023, cifra que se incrementa al 8,4% si se incluyen los fondos europeos y a la que se añadirán 4.900 millones de euros de los programas especiales de modernización, la mayoría destinados a contratos con la industria del sector.

Sobre este punto, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha acusado al PSOE de «deslealtad» afirmando que se les ha ocultado un «aumento unilateral» en el gasto de Defensa y que es una «vergüenza».

No obstante, ha recalcado que su formación «no va a romper el Gobierno» por la actitud de su socio, dado que sería «muy irresponsable» cuando los líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, están «afilando los cuchillos» contra el Ejecutivo.

Asimismo, la formación morada insistía en que el Ejecutivo debe cumplir con dos compromisos que mantienen con la ciudadanía «desde hace mucho tiempo», que son la derogación de la Ley Mordaza y la aprobación de la Ley de Vivienda, en tramitación parlamentaria desde hace meses.

Pese a no lograr sus principales objetivos en la negociación de los próximos presupuestos generales del Estado, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha dicho en el Congreso que son unas cuentas públicas expansivas, pero lo más importante –ha defendido– es que hacen hincapié en el capítulo de los ingresos, recordando que gracias a su formación se ha avanzado en la reforma fiscal, por ejemplo, con el impuesto a las grandes fortunas.

El portavoz parlamentario ha hecho hincapié en que seguirán peleando por intervenir el mercado inmobiliario porque es un derecho humano y ni el PSOE ni Unidas Podemos se pueden permitir que la ley de vivienda no se apruebe antes de que concluya el año.

El PSOE «no ha querido avanzar en esas materias», se ha quejado Echenique, pero Unidas Podemos trabajará «día y noche» para que puedan salir adelante e irán en esta batalla de la mano de los socios de legislatura y de la sociedad civil: «Hay un movimiento potente de derecho a la vivienda, cargado de razones».

Funcionarios

En las cuentas públicas, el Ejecutivo debe incluir también la subida de los sueldos de funcionarios. Hacienda ha ofrecido a los sindicatos una mejora del 9,5% entre 2022 y 2024, que finalmente acabó con un acuerdo.

Los funcionarios ya han recibido este 2022 un aumento salarial del 2%, al que se sumará ese 1,5% retroactivo propuesto por Hacienda, lo que suma un 3,5% para este ejercicio.

Para 2023, el Ejecutivo fija un incremento del 2,5%, al que se suman dos variables del 0,5%. Los sueldos de los empleados públicos se subirían un 0,5% adicional si el IPC acumulado de 2022 y 2023 supera el 6%, y se añadiría otro 0,5% si el PIB de 2023 supera el 5,9%.

La oferta se completa con un alza del 2% en 2024, de nuevo con una cláusula para incrementar el sueldo un 0,5% en caso de que el IPC acumulado de 2022, 2023 y 2024 supere el 8%.

Medidas fiscales

Entre las medidas fiscales más relevantes que acompañarán a los Presupuestos destaca la rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para las rentas del trabajo por debajo de 21.000 euros. También se elevará un punto, hasta el 27%, la tributación de las rentas del capital en el IRPF superiores a 200.000 euros, y para las plusvalías superiores a 300.000 euros, se elevará hasta el 28%, dos puntos más.

Asimismo, las rentas del trabajo a partir de 15.000 euros (1.000 euros más que ahora) estarán exentas del pago del IRPF, mientras que en el IVA se bajará el tipo del 10% al 4% para los productos de higiene femenina, de los preservativos y los anticonceptivos no medicinales.

También en este impuesto se elevará un 5% el rendimiento neto de módulos para los autónomos y se incrementa del 5% al 7% la reducción para gastos deducibles de difícil justificación en la tributación en régimen de estimación directa simplificada.

El paquete fiscal también incluye cambios en el Impuesto sobre Sociedades. En concreto, se rebaja el tipo nominal del 25% al 23% para las pequeñas empresas con una cifra de negocios inferior a 1 millón de euros.

Primeras reacciones

Tras el acuerdo entre los socios de la coalición de Gobierno español, ahora empieza la negociación con las formaciones parlamentarias, que ya han hecho una primera valoración del acuerdo. Fuentes de EH Bildu han reiterado a la agencia Efe su «voluntad y disposición a negociar» unas cuentas que deben ser «ambiciosas» para hacer frente a la actual crisis energética, económica y social.

EH Bildu pide que los presupuestos se traduzcan en «políticas eficaces» e incluyan cuestiones «que consideramos prioritarias para la ciudadanía vasca».

El PNV, por su parte, ha mostrado su «máxima predisposición» a alcanzar «un nuevo pacto» en la negociación de las nuevas cuentas, que «centrará en mejorar el día a día de la ciudadanía» de la CAV y Nafarroa, pero ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez «voluntad política para el cumplimiento de los acuerdos pendientes».

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado que los presupuestos «empiezan mal» al no existir un acuerdo sobre la Ley de Vivienda y ya adelanta al PSOE y a Unidas Podemos que ERC no aceptará presiones para forzar su apoyo al proyecto presupuestario del Gobierno.

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha reclamado inversiones ferroviarias y cumplir los acuerdos de investidura con el PSOE para poder apoyar los nuevos Presupuestos Generales del Estado.

También «renunciar» al «aberrante» incremento del gasto militar anunciado «en una situación de extrema crisis social y económica y necesidad para los sectores más desfavorecidos», aunque ha dicho esperar a ver «en qué se concreta».