El acuerdo entre PNV, PSE y Elkarrekin Podemos-IU contempla la reducción de la edad para tener derecho al cobro de la RGI de los 23 a los 18 años, aunque quienes estén en este rango de edad tendrán que demostrar, en el momento de presentar la solicitud, que llevan más de un año viviendo de forma independiente y además deberán estar inscritos en Lanbide durante también al menos un año.

El proyecto presentado por el Departamento de Idoia Mendia ya contemplaba que «las personas de entre 18 y 23 años de edad o las menores emancipadas podrán ser titulares de la renta de garantía de ingresos siempre que cumplan los requisitos» recogidos en la ley y «vivan de forma independiente con, al menos, un año de antelación a la fecha de la solicitud y en los dos últimos hayan permanecido en situación de alta en cualquiera de los regímenes que integran el Sistema de la Seguridad Social durante un mínimo de 240 días».

En este apartado, por tanto, el principal cambio es que se deja claro que se puede acceder a la RGI desde los 18 años y que se sustituye el haber estado cotizando 240 días por haber estado buscando empleo durante un año, aunque no se haya conseguido.

Según la ley, «se entenderá que una persona vive de forma independiente cuando acredite que su domicilio es distinto al de sus progenitores y progenitoras, tutores y tutoras o acogedores y acogedoras». Este requisito se retira ahora a los jóvenes de 23 a 29 años, a los que en el proyecto de ley también se les pedía.

Tres años empadronados

Los jóvenes de 18 a 29 años, como el resto de perceptores de la RGI, deben  estar empadronadas y tener la residencia efectiva en algún municipio de la Comunidad Autónoma de Euskadi de forma continuada durante, al menos, los tres años inmediatos anteriores a la fecha de la solicitud».

La ley ya viene contemplado excepciones a este requisito. Por ejemplo, era de dos años cuando haya personas dependientes en la unidad familiar y ahora será de un único año. Incluso se podía acceder de forma inmediata si se es «víctima del terrorismo» u otros casos de extrema vulnerabilidad. Elkarrekin Podemos-IU se congratula de que se haya ampliado a «las personas refugiadas, las víctimas de trata y explotación sexual, las víctimas de violencia machista y otras»

Mecanismo de actualización

Además, entre las novedades que incorpora el acuerdo está fijar un mecanismo de actualización de las cantidades a cobrar de forma que, según los firmantes del acuerdo, «se garantizará que la renta máxima que corresponda a una persona beneficiaria individual no sea inferior a la tasa del riesgo de pobreza, es decir al 60% de la renta mediana equivalente correspondiente al conjunto del Estado».

Esto supone, según los números ofrecidos en rueda de prensa por Elkarrekin Podemos-IU, que una unidad básica que ahora cobra 727 euros al mes pasaría a cobrar 737 con el proyecto presentado por el Gobierno y ahora cobrará 803 después del acuerdo alcanzado. La formación morada se ha felicitado de que de esta forma la actualización de las cuantías no queda al albur de lo que el Ejecutivo incorpore en los presupuestos de la CAV.

El texto legal incorporará, por otra parte, los principios que han de informar la medida de suspensión cautelar de las ayudas, al objeto de evitar suspensiones automáticas que puedan causar a las personas beneficiarias perjuicios de difícil o imposible reparación. Y en materia de inspección, prevé un mecanismo garantista al delimitar las facultades de acceso al domicilio, de acuerdo a los requerimientos que ha venido haciendo el Ararteko durante los últimos años

Reacciones

El acuerdo alcanzado por EAJ, PSE y EP-IU se traduce en enmiendas al proyecto de ley que se espera pueda estar aprobada antes de fin de año. Han sido negociadas por los tres partidos y el Departamento de Empleo y Trabajo que dirige Idoia Mendia. Por su parte, todas las partes implicadas en el acuerdo se han mostrado muy satisfechos con el mismo y han subrayado que se recogen aportaciones realizadas por diversas asociaciones y sindicatos. También CCOO ve un buen «punto de partida» en este acuerdo

Por contra, las formaciones de derecha más o menos extrema, como PP y Vox, hablan de «podemización» del PNV, de que no se está incentivando el empleo, y resuenan de nuevo los términos de «ayudas justas» y «paguita vitalicia».

El jueves se cierra el plazo para la presentación de enmiendas y todavía queda todo el proceso de debate en ponencia y pleno, aunque es deseo mayoritario que la ley pueda estar aprobada antes de fin de año.