Del libro ‘El emérito de las cloacas’ que la vicepresidenta tercera del Congreso se pueden sacar varias conclusiones. Una es que el Estado español jamás ha depurado el cuerpo represor franquista. Por incapacidad, interés o por ambas a la vez. Otra, todavía más preocupante, es que la política española está vigilada por poderosos grupos económicos que compran a quien haga falta con tal de imponer sus reglas del juego.

«En el Estado español sigue habiendo un problema de cultura democrática y analfabetismo institucional», afirma su coautora, la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, exjueza, abogada y diputada por Unidas Podemos, una formación de la que no esconde su alejamiento. De fondo asoma la plataforma de Yolanda Díaz, Sumar, aunque Elizo esquiva la respuesta con diplomática habilidad. De momento.

En su libro destaca que todos los presidentes españoles han estado involucrados en guerras sucias e insinúa que han gobernado hasta donde otros poderes superiores les han dejado. ¿Es esta una democracia plena?

Cuando hablamos de corrupción, cloacas o democracias plenas cualquier reflexión que tengan que ver con maximalismos es equivocada. Yo misma no me reconozco en esa izquierda que mira todo con un prisma de moralidad en la que se cree que es dueña de los comportamientos éticos y tiene derecho a enjuiciar a otros. De lo que hablamos aquí es de corrupción institucional y política, de desviaciones de poder y de estructuras ilegales. Sin embargo, no todos los que participaron en el devenir de la democracia tuvieron las mismas responsabilidades, ni las mismas culpas ni el mismo conocimiento.

¿Cree que es posible identificarlos y depurar responsabilidades?

Primero, habría que derogar de una vez la Ley de Secretos Oficiales y luego reunir los elementos suficientes para iniciar una recomposición democrática porque aún existen deficiencias importantes en los poderes del Estado.

«El proceder de algunos jueces está dirigido por intereses ajenos. Sobre todo en estructuras como la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo»

Por ejemplo, en el judicial.

Sí, los comportamientos de algunos jueces están dirigidos por intereses ajenos. Sobre todo en estructuras como la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo o en los tribunales superiores donde el sistema de ascenso que aplica el CGPJ sigue premiando la actuación en conformidad con los poderes políticos y económicos. ¿Alguien puede pensar que Manuel García Castellón juega por su cuenta? En este país, hay personas que ocupan cargos destacados en el aparato judicial, en el legislativo y en el ejecutivo que no tienen cultura democrática. Pienso que es un problema de analfabetismo institucional.

¿Por eso el Estado español no ha limpiado aún esos vestigios franquistas?

Sobre todo porque algunas estructuras que se organizaron a la muerte de Franco para permanecer en el control del poder político y económico siguen existiendo. Es verdad que no todo está enfangado en esa basura. También hay jueces valientes que ponen la legalidad por encima de los intereses de unos poderosos pero hay pruebas suficientes para concluir que aquellas estructuras económicas siguen manejando o interviniendo explícitamente en el juego democrático.

¿Se refiere a las empresas del Ibex 35?

Claro. El juez García Castellón, por ejemplo, que hoy instruye uno de los mayores casos de corrupción institucional que se ha producido en este país como el ‘caso Tandem’, conoce cómo operan esos poderes porque lo aprendió en los tiempos del Banesto de Mario Conde y sabe bien el alcance de sus decisiones. El propio comisario Villarejo creó una especie de instituto de formación para jueces, la Schola Iuris, que utilizó para aprender a intervenir en muchos de los procedimientos judiciales. Y ese juego de información y contrainformación se sigue produciendo hoy en causas penales que permanecen abiertas. Que una ex fiscal general del Estado como Dolores Delgado mantuviera conexiones directas durante el ejercicio de su cargo con un personaje que en ese momento estaba en prisión como Villarejo es muy grave.

«Hay pruebas suficientes para concluir que aquellas estructuras económicas siguen manejando o interviniendo explícitamente en el juego democrático»

¿Ese tipo de connivencias explican la financiación que se hizo con fondos reservados de un grupo terrorista como el GAL, el funcionamiento impune de una cloaca policial contra el soberanismo catalán o la creación de montajes judiciales para encarcelar a dirigentes políticos que no son de su agrado?

Sin que sirva como excusa, esas maniobras ilegales se han practicado en muchos países del mundo. En el libro lo explicamos. En EEUU, por ejemplo, Hoover criminalizó a las Panteras Negras dentro de un operativo diseñado para cargarse a todo el movimiento organizado afroamericano. Por eso es trascendental saber quiénes intervienen y quiénes operan con esos comportamientos intolerables que luego justifican por la mera existencia de un poder superior en términos de ‘realpolitik’. Derogar la Ley de Secretos oficiales nos va a permitir despojarnos de esa tutela sobre lo que una sociedad debe o no debe conocer. La asignatura pendiente en términos de corrupción política no solo es aplicar medidas de transparencia a la vida pública sino también explicar con valentía lo que ha pasado en este país en los últimos 24, 40 o 50 años. Para eso es tan importante que exista una prensa sometida al escrutinio ético y a la honestidad.

¿Se puede influir en un cambio político con la prensa en contra?

Es muy complicado. Cuando una fuerza política alternativa demuestra capacidad de gobierno real y eficaz, los grandes medios reaccionan para debilitarla. En Podemos sabíamos que el establishment iba a imponer sus reglas de juego con beligerancia abierta y deliberada, con falsedades abrumadoras y extorsión mediática. Pero es posible darle la vuelta. En varios países de América Latina lo han conseguido. Mira Petro en Colombia y Lula en Brasil.

«Cuando una fuerza política alternativa demuestra capacidad de gobierno real y eficaz, los grandes medios reaccionan para debilitarla»

¿Cree que todas las fuerzas políticas intervienen en el espacio mediático en igualdad de condiciones?

No. Es muy difícil. Yo defiendo la alternancia política pero echo de menos la existencia de una derecha plenamente democrática que asuma sus obligaciones institucionales y tenga capacidad para abrir el escenario que regenere los déficits que aún tiene el Estado español.
Pero la izquierda se lo pone fácil con sus eternos procesos de revisión y autocrítica. Ahora que Podemos está en el Gobierno con cinco ministerios llega Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz.

¿Por qué?

No obvio que los ataques externos han influido en el desgaste de Podemos porque fueron tremendos, trágicos y muy duros en lo personal pero también ha habido factores internos que han contribuido a la pérdida de influencia. Nos distanciamos por problemas de capacidad electoral y por carecer de estructuras democráticas que articularan ideológicamente un proyecto más poderoso de lo que éramos en 2015. Creo que hubo demasiado interés en controlar las estructuras territoriales por parte del órgano estatal. Nunca nos creímos que éramos un espacio confederal.

La derecha lo tiene claro. Para gobernar hay que controlar los medios, la educación, la economía y el poder judicial.

Estoy de acuerdo pero que nadie olvide que si se no se renueva el CGPJ es porque el PP no se puede permitir perder la mayoría que ostenta en ese órgano porque tiene demasiados asuntos abiertos en los tribunales.