Julien Charles ha asumido este lunes su cargo como nuevo prefecto del departamento de Pirineos Atlánticos, en una ceremonia celebrada ante el Monumentos a los Caídos en Pau.

Sustituirá a Éric Spitz, el hasta ahora delegado estatal en el departamento, quien llegó a esa responsabilidad en vísperas de la Cumbre del G7 que se celebró en el verano de 2019 en Biarritz.

La ceremonia de toma de posesión del cargo ha tenido lugar a las 10.00 ante el Monumento a los Caídos, en el Bulevard de los Pirineos.

De 47 años de edad, Julien Charles ejercía hasta ahora como prefecto en el departamento de Saône-et-Loire.

Nacido en Saint-Flour (Cantal) Charles se diplomó en Historia antes de cursar estudios en el Instituto de Estudios Políticos y luego en la Escuela de la Administraciñon Nacional (ENA).

Se estrenó como director de gabinete del prefecto de la Región Centro en 2003, y pasó luego por distintas responsabilidades en Lorraine, Charante-Maritine, Yvelines e Ile-de-France.

Estando en ese último destino fue promovido a prefecto en 2018, cargo que ejerció desde 2020 en Saône-et-Loire, despartamento desde el que ha dado el salto a Pau, para ocupar el puesto que ha desempeñado en los últimos tres años Éric Spitz, nombrado representante del Estado en Polinesia.

Legado de Éric Spitz

Tras el reto mayor que en términos securitarios implicó el G7 a Éric Spitz le tocó gestionar otros episodios relevantes.

El último de ellos fue el bloqueo del pasado 23 de julio. Aseguró que no se perturbaría ese día el ritmo de las infraestructuras básicas, citando expresamente el servicio de tren, el aeropuerto de Biarritz y la autopista. Y en esos tres puntos neurálgicos, además de otros muchos, se produjeron acciones de bloqueo a cargo de los artesanos por la paz.

Éric Spitz debió gestionar antes un periodo excepcional, ya que corrieron a su cargo las decisiones relativas a la restricción de movimientos durante la pandemia.

Se va, de hecho, sin levantar unas de las medidas que adoptó en la etapa post covid, como es el cierre de la muga.

Fue en enero de 2021 cuando Spitz ordenó el cierre de ocho pasos de los cuales cuatro siguen hoy clausurados, como han denunciado en repetidas ocasiones ciudadanía en instituciones.

La última denuncia en este sentido, es la remitida por el presidente de turno de la Eurorregión, Alain Rousset, a la primera ministra gala, Elisabeth Borne, alertándole de los «graves perjuicios» que los controles permanentes en la muga tienen para la actividad social y económica.

Bajo el mandato de Spitz se ha puesto en marcha, en otro orden de cosas, el comité territorial para la persecución del fraude en los alquileres, una iniciativa estatal que se circunscribe al territorio vasco y que tomó forma a raíz de las movilizaciones populares por el derecho a la vivienda.