El jueves comenzó en Madrid con el presidente español, Pedro Sánchez, anunciando un inminente cierre del acuerdo para la reforma del Consejo General del Poder Judicial, y acabó con un nuevo bloqueo impuesto por el PP, que ha suspendido las negociaciones. Entre medio, el argumento (o más bien la excusa) es este: el anuncio en el debate presupuestario del inicio de la reforma del delito de sedición para adaptarlo a los estándares europeos, como reclaman las fuerzas independentistas catalanas.

Sánchez no se cree que ese sea el motivo, y ha salido a la palestra tras la nueva ruptura para afirmar que al PP «le han temblado las piernas» y ha sucumbido a su ala más derechista, que no quiere renunciar al privilegio que le supone el actual reparto de cargos, que prolonga su mayoría aunque en las Cortes haya años que no la tiene.

Técnicamente, el Partido Popular ha decidido suspender las negociaciones con el PSOE para renovar el Consejo General Poder Judicial (CGPJ) y ha ofrecido a Sánchez «abordar juntos cualquier reforma» del Código Penal, entre las que ha incluido las que afecten a los delitos de rebelión y sedición, así como la tipificación de delito de la convocatoria de un referéndum ilegal.

Así lo ha informado el PP en un comunicado este jueves noche después de que Feijóo haya mantenido una conversación telefónica con Sánchez.

En la conversación, según el PP, Feijóo ha criticado que el jefe del Ejecutivo anunciara «erróneamente» que el acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueves «estaba hecho» mientras que todavía estaban abiertos «varios asuntos relevantes e imprescindibles para el Partido Popular».

El PP argumenta que la decisión de incorporar a la agenda política la reforma del Código Penal (que por otro lado es continua en el Estado español) para el delito de sedición sólo «puede obedecer a dos motivos: o exigencias del independentismo o vocación de paralizar un acuerdo para despolitizar la Justicia que estaba muy avanzado y que parece no convencer al Gobierno».

«Confirmar que el Código Penal es una herramienta que está dispuesto a entregar al independentismo no es aceptable», indica el comunicado.

Tres semanas de diálogo y cuatro años de bloqueo

La dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, el pasado 9 de octubre –un mes después de que amenazara con irse si no había avances tangibles para renovar un CGPJ que lleva casi cuatro años caducado–, fue el punto de inflexión para que Sánchez convocara a Núñez Feijóo a una reunión en aras de pactar un acuerdo para desbloquear el órgano de los jueces.

Tras conocer la decisión del PP, el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo, ha mostrado su indignación y ha exigido a ambos partidos reanudarlas para así cumplir con la Constitución.

«Me ha extrañado enormemente y mi preocupación a lo largo de estos días y meses se ha agudizado», ha expresado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que además ha reiterado que esta situación «daña el funcionamiento de la Justicia», algo que ha calificado de «muy grave» asegurando que la «crisis institucional es profunda».

Al respecto, Mozo ha recordado que «por encima de todo está el cumplimiento de la Justicia» y la Constitución, sin entrar a valorar si el argumento que el PP ha utilizado sobre la rebaja de los delitos de sedición ha sido o no el correcto.

«En cuestiones políticas no quiero entrar, ha habido ocasiones en que han podido renovar ya», ha indicado. Dicho esto, ha vuelto a incidir en que «por encima de todo está el cumplimiento de la Justicia y está que las leyes se cumplan». «Las instituciones tienen que estar más afianzadas», ha apostillado.

Feijóo incide en la excusa

Feijóo, que este viernes ha visitado Gasteiz para participar en un foro organizado por ‘El Correo’, ha incidido en la excusa, acusando al Gobierno español de «erosionar la división de poderes con modificaciones de delitos tan graves como la sedición».

«Comprenderán que reformar la Ley para mejorar la independencia judicial, no es compatible con reformar la Ley para ayudar a aquellos que incumplieron la Ley. Y no es compatible hablar de la independencia del Poder Judicial y poner en cuestión la sentencias del máximo órgano jurisdiccional del Poder Judicial, que es el Tribunal Supremo», ha manifestado, y ha apuntado que los «pactos de Estado,llegarán con este PP y con otro PSOE».