Las ayudas del Gobierno de Lakua de 200 euros al mes por hijo hasta los tres años de edad tendrán un carácter universal y no estarán condicionadas a la renta de las familias, tal y como se había anunciado en un primer momento por el Ejecutivo autonómico. Estas prestaciones, según ha explicado la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, se concederán con carácter retroactivo a fecha de 1 de enero de 2023.

Este cambio de criterio respecto a las condiciones previstas en un principio para estas ayudas, que inicialmente estaban limitadas a las familias con una renta estandarizada que no superara los 100.000 euros anuales, ha sido dado a conocer este viernes por Artolazabal, en una comparecencia en el Parlamento de Gasteiz.

La consejera de Igualdad, que ha presentado ante la Comisión de Hacienda el proyecto de presupuesto de su departamento para el próximo año, ha anunciado que las ayudas directas de 200 euros por hijo hasta los tres años de edad, que concederá Lakua a partir de 2023, serán «universales».

Las prestaciones, según ha explicado Artolazabal, se concebirán como un «derecho subjetivo», de forma que «llegarán a todas las familias, independientemente de su condición». Además, las ayudas se concederán con carácter retroactivo al 1 de enero de 2023.

Artolazabal ha subrayado que la puesta en marcha de este sistema de prestaciones supone «un esfuerzo económico muy importante». Además, ha explicado que en el caso de que los resultados de esta iniciativa sean positivos, se podría «extender» las ayudas, actualmente limitadas a los hijos de hasta tres años.

La decisión de otorgar a estas ayudas un carácter «universal» supone un cambio respecto a las condiciones que inicialmente fijó Lakua para estas prestaciones. El lehendakari Iñigo Urkullu, explicó el pasado 18 de mayo, cuando anunció la puesta en marcha de las ayudas, que se trataría de un apoyo económico destinado a familias con una renta estandarizada que no superara los 100.000 euros anuales.

Fuentes del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales han explicado que, a la hora de acceder a estas prestaciones, se ha optado por establecer este cambio de criterio «en beneficio de todas las familias».

Las ayudas, según se recoge en la ‘Estrategia Vasca 2030 para el Reto Demográfico’, serán compatibles con las prestaciones actuales a familias numerosas entre los 4 y 7 años, con las deducciones fiscales actuales, y con las ayudas por hijo o hija de la RGI. Esta medida se alinea con los ‘Programas de los 1.000 primeros días’, promovidos por Unicef.

El presupuesto del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales de 2023 se incrementará un 22% respecto al de este año, hasta alcanzar los 638 millones de euros. Artolazabal ha explicado que la dotación económica con la que cuenta su departamento «responde a las necesidades generadas por la incertidumbre que ha provocado la guerra en Ucrania tras la difícil situación motivada por la pandemia».

El presupuesto de la Viceconsejería de Políticas Sociales será de 262,5 millones de euros, de los que 257,4 millones se destinan a programas e iniciativas destinadas al cuidado y atención de las personas. La Dirección de Servicios Sociales dispondrá de 91,5 millones de euros (sin tener en cuenta los gastos de personal), de los que poco más de ocho millones serán de financiación europea. Esta Dirección asume el incremento de las AES, los programas de pobreza energética y alimentaria, el servicio BetiON, así como las relaciones con el Tercer Sector a través de la Mesa de Diálogo Civil y Sareen Sarea.

Una mayor partida presupuestaria

La Dirección de Familias e Infancia verá aumentada su partida en 79 millones de euros, hasta llegar a los 150,3 millones, un incremento motivado, principalmente, por la nueva ayuda de 200 euros mensuales a las familias con hijos e hijas de 0 a 3 años. Esta Dirección se encargará también de activar el proyecto Barnahus, las ayudas a las empresas para desarrollar planes de conciliación, la futura Estrategia de Garantía Infantil y el programa Aukerak Suspertzen, entre otras iniciativas.

La Dirección de Migración y Asilo contará con más de 15,4 millones de euros, con los que impulsará programas como Trapezistak, Loturak, Urretxindorra (mentoría social), Aholku Sarea, Harrera, Patrocinio Comunitario y las ayudas del Fondo Isuri a las personas afectadas por la invasión de Ucrania.

A su vez, la Viceconsejería de Justicia, en las que se incluye la gestión penitenciaria y Aukerak, tiene consignados 224,9 millones de euros, entre los que se incluyen los cinco procedentes de los fondos MRR. Entre otras actuaciones que se llevarán a cabo en este ámbito, la consejera se ha referido a las mejoras de seguridad en sedes judiciales y de los centros de menores, y a la finalización, de la implantación del expediente judicial electrónico en marzo de 2023. La Viceconsejería incrementará el presupuesto de Justicia Juvenil, consolidará el Servicio de Atención a la Víctima e incrementará el apoyo a personas con discapacidad.

En lo que se refiere al ámbito penitenciario, el presupuesto rondará los 71 millones de euros. Entre las acciones a desarrollar a lo largo de 2023, se incluye la incorporación del personal transferido, planes de igualdad, obras de acondicionamiento, refuerzo del servicio de penas y medidas alternativas. La consejera ha explicado que se dará continuidad a la red de viviendas comunitarias para regímenes en semilibertad, ampliando un 28% las subvenciones y permitiendo pasar de 42 a 100 el número de plazas disponibles.

Por su parte, la Agencia de Reinserción Social de la CAV Aukerak dispondrá de 16 millones de euros para formación, orientación y fomento de la empleabilidad, aumentando los talleres y las horas trabajadas. «Seguimos dando pasos en nuestra hoja de ruta para hacer realidad el modelo penitenciario vasco», ha afirmado Artolazabal.

El presupuesto de la Viceconsejería de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación será de 63 millones de euros, con los que se impulsarán medidas como la implementación del Plan de Convivencia Udaberri 2024. Las partidas se distribuyen entre la Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad, que dispondrá de 7,5 millones; el Instituto de la Memoria Gogora, con 5,2 millones; y la Agencia de la Cooperación e-Lankidetza, con 50,4 millones de euros.

En su intervención, la consejera Artolazabal ha destacado algunas acciones de Gogora que se desarrollarán en 2023, como la posible adquisición del palacio La Puente en Turtzioz; el refuerzo del Banco de ADN, teniendo en cuenta el alto número de exhumaciones de los últimos meses; o la dotación de 290.000 euros a la futura Fundación 3 de Marzo y su proyecto de espacio memorial.

En materia de Igualdad, se incluyen partidas para la Agenda Feminista y el proyecto Berdintasunaren Belaunaldia, destinado a fomentar la implicación jóvenes para combatir la discriminación por razón de sexo. El presupuesto de Emakunde ascenderá a 7,8 millones de euros. Además, se destinarán nueve millones de euros a combatir la violencia machista.