El informe preliminar sobre el uso de Pegasus que este martes ha presentado el Parlamento Europeo en Bruselas confirma el espionaje en el Estado español, centrado sobre todo en líderes catalanes, y señala al CNI por el contexto de los hechos. En su día, la entonces directora que fue cesada, Paz Esteban, ya reconoció en la Comisión de Secretos Oficiales 29 casos aunque les dio carácter legal.

El documento es un primer borrador de las conclusiones a las que ha llegado la comisión parlamentaria sobre el empleo de este spyware y que está abierto a enmiendas.

El estudio dedica doce de sus 159 páginas al caso español e indica que, por un lado, «se cree» que este sistema de espionaje se empleó por Marruecos frente al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita Robles; y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, «de un modo similar al del presidente francés y sus ministros». El informe ha sido dirigido por la europarlamentaria de Países Bajos Sophie in 't Veld (del partido liberal D66).

Junto a ello, destaca que hay otro segundo grupo de objetivos de Pegasus en el Estado español, el llamado «CatalanGate», que incluye a electos del Parlamento de Catalunya, del Europeo, abogados, miembros de la sociedad civil y familiares y allegados de los anteriores. El Estado español es uno de los que cuenta con un capítulo propio en este estudio, junto a Grecia, Chipre, Polonia y Hungría.

El texto recuerda que las primeras informaciones sobre la vigilancia del «CatalanGate» se remontan a 2020, pero que no fue hasta abril de 2022 cuando Citizen Lab completó su investigación en profundidad, probando que al menor 65 personas fueron objetivo de Pegasus (entre ellas Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, y el diputado Jon Iñarritu). El borrador recuerda que las autoridades españoles solo admitieron que existía autorización judicial para investigar a 18 de estas 65 personas.

«El Gobierno español ha aportado escasa información sobre su papel en esta vigilancia, amparándose en la necesidad de la confidencialidad en relación con la seguridad nacional», constata.

Estado español, primer cliente de la israelí NSO

«Sin embargo, en base a una serie de indicadores, está generalmente asumido que la vigilancia de los objetivos catalanes fue dirigida por las autoridades españolas, especialmente en relación con el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017 y los eventos posteriores», añade el informe, que destaca que el Gobierno español «fue probablemente el primer cliente de la UE de [la empresa israelí] NSO».

Junto a ello, destaca que un análisis de los ataques muestra que hay un «claro patrón». «La mayor parte de los ataques del ‘CatalanGate’ coincide con momentos de relevancia política, como el juicio contra los separatistas catalanes, manifestaciones y comunicación con los separatistas catalanes que viven fuera de España», relata.

«Esta vigilancia –añade– incluye, por ejemplo, comunicaciones abogado-cliente de presos separatistas en la víspera de su juicio, contactos entre socios o comunicaciones referidas a la toma de posesión de escaños en el Parlamento Europeo».

El borrador señala que las autoridades españolas han manifestado que solo tienen conocimiento de 18 de estos 65 casos (los que tenían autorización judicial), por lo que no es posible establecer si las escuchas tuvieron un impacto inmediato o si se realizaron porque existía una amenaza a la seguridad nacional o a la integridad del Estado.

El derecho a la intimidad, incluido el secreto de las comunicaciones postal, telegráfica y telefónica, está recogido en el artículo 18 de la Constitución española de 1978, recuerda el informe del Parlamento Europeo, por lo que el uso de programas espías como Pegasus o Candiru es una violación del mismo. En esta línea, señala que la legislación española prevé excepciones a estos derechos, pero siempre con participación de los tribunales y control parlamentario, en el caso de «investigaciones relacionadas con actividades referidas a grupos armados o organizaciones terroristas».

El informe preliminar hace mención especial a los electos del Parlamento Europeo investigados con Pegasus. Destaca que dos fueron directamente espiados, mientras que otros tres europarlamentarios sufrieron ataques a través de su familia o su equipo. Cita los casos de Diana Riba (ERC), Jordi Solé (ERC), Antoni Comin (Junts), el expresident Carles Puigdemont (Junts) y Clara Ponsatí (Junts).

Asimismo, cita a otros electos y catalanes afectados por el espionaje de Pegasus como el expresidente del Parlament Roger Torrent, Ernest Maragall (ERC) y Anna Gabriel (CUP). Destaca, además, que hay doce miembros de ERC entre los 65 investigados, como la secretaria general del partido, Marta Rovira. 

Por lo que se refiere a la sociedad civil catalana, menciona los casos de Jordi Domingo, Joan Matamala, Meritxell Bonet, Marcel Mauri y a Òmnium Cultural como colectivo, incluyendo a su presidente Jordi Cuixart.

En el apartado de abogados, cita el caso de Gonzalo Boye, abogado de Puigdemot y Torra; Elema Jiménez y Jordi Bosch, letrados de Òmnium; Andreu van den Eynde, abogado de Raül Romeva y Oriol Junqueras; y Jaume Alonso-Cuevillas, también letrado de Puigdemont y de otros dirigentes.

Tres agencias de inteligencia españolas

El trabajo señala que los servicios de inteligencia españoles están formados básicamente por tres agencias. La primera de ellas es el CNI, bajo control del Ministerio de Defensa. Su director es nombrado por la ministra de Defensa y sirve al presidente del Gobierno como «asesor en cuestiones relacionadas con la inteligencia y la contrainteligencia».

La segunda agencia está dirigida a la inteligencia interna y se denomina Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), mientras que la tercera es el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas), también bajo el control del Ministerio de Defensa.

«A pesar de que la legislación española requiere de la necesidad de consentimiento judicial para la vigilancia, aparece una brecha entre la autorización judicial y la naturaleza del software espía», añade el Parlamento Europeo. En este sentido, señala que pese a existir autorización judicial para la colocación del software, «una vez infectado el dispositivo es posible revisar comunicaciones y datos previos a la autorización», lo que no era posible con medios convencionales.

La ponente destaca que la mayor parte de las vigilancias en el Estado español se llevan a cabo por parte del CNI y recuerda que esta agencia ha estado implicada en numerosos escándalos en el pasado.

Reacciones

Las reacciones al borrador del informe del Parlamento Europeo no se han hecho esperar. El president de Catalunya Pere Aragonès ha señalado a través de las redes sociales que es necesario llegar al fondo de la cuestión «por justicia y dignidad política». «En una democracia no se espía al adversario político» ha sostenido.

La consellera de Acción exterior y Uninón Euopea, Meritxell Serret, también se ha pronunciado: «Siempre hemos dicho que el caso Pegasus no está cerrado. No puede estarlo porque es muy grave y porque atenta contra los derechos fundamentales. Es muy satisfactorio comprobar que tampoco es una cuestión cerrada para las instituciones europeas».

También desde Junts han incidido en que hay que asumir responsabilidades y han pedido al Gobierno español que no obstaculice las investigaciones.

1️⃣ El govern del PSOE va negar l’espionatge a independentistes.
2️⃣ Ara un informe de l'@Europarl_EN ho confirma.
3️⃣ L'informe acusa el govern espanyol d'obstaculitzar les investigacions.

🏛️ S'han d'assumir responsabilitats. pic.twitter.com/wbAou1KSP1

— Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) November 8, 2022

La CUP ha ido más allá y ha pedido un frente común catalán para pedir la dimisión de los ministros españoles de Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles.

Además, considera que la estrategia de ERC con el Gobierno español ha «fracasado». «No hay diálogo posible si el Estado practica el espionaje y las infiltraciones policiales contra el independentismo», ha subrayado la formación.