El Foro Social Permanente ha venido analizando durante el año 2022 diferentes experiencias de comisiones de la verdad en el mundo. La más relevante ha sido la que hace referencia a las conclusiones del caso de Colombia presentadas este verano. En las conclusiones hechas públicas este jueves, ha constatado que «el derecho para las víctimas es un derecho humano básico que no prescribe» y que «el derecho a la verdad es un componente fundamental de la reparación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos».

Recuerda que este último «cuenta con consenso social e incluso institucional y político como se ha visto en varias ocasiones» en los Parlamentos de Gasteiz e Iruñea. «Pese a tratarse de una demanda troncal tanto de las víctimas de ETA como del Estado, debemos constatar las enormes dificultades para acceder a la verdad», apunta el Foro Social.

El documento recoge que en el caso de las víctimas del Estado «estas vulneraciones son posibles por el silencio institucional, porque la prescripción de las denuncias y la negativa a reconocer el abuso protege y otorga impunidad a los perpetradores». Frente a ello, apuesta por «establecer los hechos, situarlos en un marco interpretativo accesible, e identificar soluciones», para «empoderar a las víctimas y reducir la capacidad de los victimarios para volver a hacer daño».

El Foro Social ha constatado que «se están dando pasos» en la resolución de las otras cuestiones, pero que« la verdad es la gran asignatura pendiente». En esa búsqueda de la verdad, citan diferentes dificultades como el propio paso del tiempo, las políticas de archivo (Ley de Secretos oficiales) que impiden el acceso a los mismos y la falta de un mecanismo de Justicia Transicional.

Frente a ello, «y pese al largo camino que queda por recorrer», ha reconocido que «la cuestión de la verdad está, poco a poco, entrando en la agenda de la mano de diferentes agentes e iniciativas como «la perseverancia» de las propias víctimas, las demandas de las víctimas del Estado expresadas a través de los diferentes actos organizados por la Fundación Egiari Zor o el de las víctimas de ETA, el XX Seminario Fernando Buesa titulado ‘Justicia, Verdad y Convivencia’ realizado el pasado octubre.

«Sin embargo, las experiencias internacionales nos han enseñado que deben darse, al menos, cuatro condiciones para la constitución de una Comisión de la Verdad. En primer lugar, debe haber una demanda social, no solo de las víctimas sino de otros colectivos, es decir, las víctimas no deben quedar ellas solas hablando entre ellas y para ellas; en segundo lugar, deben existir los recursos financieros, técnicos e intelectuales (capacidad de gestión y de investigación) que permitan el desarrollo de una Comisión; en tercer lugar, hace falta voluntad política, no sólo para sostener una comisión, sino la voluntad de los actores que van a ser investigados para revelar los hechos cometidos y, en cuarto lugar, la seguridad, es decir, que el territorio donde la comisión va a operar esté suficientemente pacificado, donde las víctimas no tengan miedo de hablar y en caso de que hablen, no estén expuestas a sufrir represalias (no solo físicas o violentas)», recoge el documento.

Sin consensos

Por ello, afirman que «pese a que dos de los partidos políticos del Parlamento Vasco y de Navarra la han considerado un instrumento a utilizar, una Comisión de la Verdad para el caso vasco no concita en este momento los consensos necesarios, ni institucionales, ni políticos». De este modo, el Foro Social apunta a la importancia de las iniciativas lideradas por la sociedad civil.

Así reclama que la cuestión del derecho a la verdad de todas las víctimas «debe entrar definitivamente en la agenda de resolución. La falta de consenso en torno a una Comisión de la Verdad para el caso vasco no debe llevarnos a la resignación y a dejar solas a las víctimas en su lucha por este derecho».

Asimismo, el Foro Social entiende que «en la medida en que se den pasos en superar el tratamiento asimétrico que sufren las víctimas del Estado, será más fácil un tratamiento integral a la cuestión de la verdad» y reclama «ante las limitaciones del plano institucional», que sea la sociedad civil «la que lidere la búsqueda de la verdad», al tiempo que «estimulan la búsqueda oficial» de la verdad.