El Boletín Oficial del Estado recoge el traslado del juez Fermín Otamendi a Girona donde «pasará a desempeñar la plaza en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Girona». El titular del Juzgado de Instrucción Número 2 ha sido objeto de numerosas polémicas, tanto por autos donde dejaba traslucir su ideología como por tomar decisiones un tanto estrambóticas o exageradas durante sus investigaciones. 

Quizás, por su repercusión a nivel estatal, haya que destacar lo sucedido con el proceso judicial que abrió Aingeru Zudaire después de que una pelota de goma lanzada por un Policía español le dejara tuerto en el transcurso de una huelga general convocada por la mayoría sindical vasca en 2012. 

Lo llamativo de aquella instrucción, que Otamendi trató de cerrar sin éxito en varias ocasiones, fue el argumento empleado para desestimar la petición de Zudaire. En un primer momento, el juez intentó archivar la instrucción alegando que los incidentes fueron tan graves que los policías tuvieron una eximente completa en sus labores para acallar la protesta. Es decir, el juez dijo que en aquella ocasión todo valía. E incluso fue un paso más allá. 

«Estas circunstancias hacen que no quepa hablar de ningún tipo de responsabilidad penal por el uso de material antidisturbios. Antes al contrario, quizá el denunciante debería considerar la posibilidad de dirigir su reclamación frente a los organizadores de la reunión», rezaba exactamente aquel auto. En otras palabras, Otamendi sostenía que no solo la policía no debía indemnizar al lesionado, sino que le animaba a denunciar a los sindicatos. 

La última sentencia conocida sobre el caso es del Contencioso de la Audiencia Nacional, que indicó el pasado 5 de noviembre que la Policía debe de indemnizar a Zudaire con 100.000 euros.

En el apartado de instrucciones exageradas, es muy de reseñar su actitud en el caso del entonces diputado del PP Santiago Cervera, que fue detenido cuando acudió a recoger un sobre en una rendija de las murallas de Iruñea y fue detenido por la Policía. Fue un suceso harto curioso e irresuelto, pues Santiago Cervera había recibido un correo indicándole el lugar y, a su vez, José Antonio Asián (un alto responsable de la CAN y exvicepresidente del Gobierno de Gabriel Urralburu) había recibido otro correo para un presunto chantaje. 

Otamendi parecía estar íntimamamente convencido de que Cervera había urdido toda la trama y lo sometió a un sinfín de pruebas inconcluyentes sobre de uso del lenguaje por parte del exdiputado. Hizo declarar a personas vinculadas emocionalmente con él sin justificación alguna y con un evidente coste personal para el acusado. Envió requisitorias a distintos países para rastrear los correos. Y estiró el caso hasta que ya tribunales superiores le acabaron de dar el alto. El exdiputado acabó absuelto.

Otras de las instrucciones protagonizadas por Otamendi son las relativas al proceso contra 21 Indar Gorri por «pertenencia a grupo criminal», por el que 11 acabaron aceptando una pena de un año de prisión. O contra la propia dirección de Osasuna durante las etapas de Miguel Archanco y Patxi Izco. 

La ikurriña en el txupinazo

Probablemente fue la instrucción abierta contra los «arrantzales» que colgaron una ikurriña de lado a lazo de la Plaza del Castillo justo antes de que se lanzara el txupinazo la que mejor defina a Otamendi. A los autores de la acción los cazaron pronto. Para acceder a uno de los tejados urdieron un teatrillo donde se hicieron pasar por operarios y tuvieron que dar su número de teléfono. Un vecino desconfió de ellos y facilitó el número a la Policía después de que la acción se llevara a término. 

El caso, por tanto, era muy sencillo de resolver. El número mantuvo una serie de llamadas cruzadas con otros teléfonos en los instantes críticos. Y los titulares de estos otros teléfonos no podían ser otra cosa que sus compinches. 

Otamendi estaba íntimamente indignado con este pacífico sabotaje, pero tenía un problema. No sabía quiénes de los implicados fueron los que desplegaron la bandera y quiénes, simplemente, vigilaban. Por tanto, decidió enviar todos los elementos que se encontraban en los tejados (colillas, una botella supuestamente llena de orina, restos de comida...) a un laboratorio de Barcelona para que se les realizaran pruebas de ADN y determinar, de ese modo, quién lanzó la caña.

Fueron 22 los elementos enviados al laboratorio, decisión que fue criticada en público por otros magistrados por su elevado coste para las arcas públicas. Un desembolso que, a la postre, no sirvió de nada, porque los sospechosos se negaron a dar sus muestras genéticas para un asunto menor.

Hay que tener en cuenta que, además de esos restos de comida, los autores de la acción dejaron en el tejado un monigote similar al que se usa el día de los inocentes, donde aparecía escrito: «Barzina, jódete».

Para tratar de revestir de gravedad a semejante gamberrada, Otamendi también encargó a los TEDAX de la Guardia Civil que elaboraran un informe sobre las implicaciones que hubiera tenido un eventual lanzamiento del cohete que impactar en la ikurriña gigante de modo que esta ardiera y cayera sobre la multitud.