La Azoka de Durango se suele convertir en este puente de diciembre, durante unos intensos días, en el centro de la vida cultural y social de Euskal Herria. Son fechas para encuentros, descubrimientos y también para la denuncia. El sábado suele  ser una jornada multitudinaria y este sábado, además, ha coincidido con la celebración del Día de los Derechos Humanos, fecha elegida para la manifestación convocada por Sare para denunciar las regresiones de grado que está dictando la Audiencia Nacional contra presos y presas vascos y que están revertiendo semilibertades tomadas por profesionales penitenciarios.

Desde Landako, que acoge a los stands donde se presenta la ‘cosecha’ de la cultura vasca del año, la nutrida manifestación ha realizado un amplio recorrido por las calles de la localidad vizcaina hasta llegar a la plaza de Ezkurdi y de allí, por el corazón del casco viejo durangués, por Santa María y Goienkale, en larga fila, ha llegado hasta la plaza de Santa Ana.

De alguna manera, se podría considerar que esta movilización ha sido una especie de prólogo de la manifestación convocada por Sare el 7 de enero. De hecho, Sare lo ha apuntado así: «Demostremos en la calle que cada vez somos más quienes apostamos por la convivencia. Quienes nos oponemos a la confrontación. Quienes queremos, paz, convivencia y resolución».

«No tiene ninguna lógica»

«No tiene ningún de lógica», ha afirmado antes de la marcha que ha salido desde Landako Joseba Azkarraga. «La Audiencia Nacional lo único que está haciendo es boicotear el trabajo de unos profesionales penitenciarios que son los que conocen la evolución de los presos y presas vascos», ha añadido.

Los datos que han ofrecido los representantes de Sare luego, al finalizar la marcha, lo ponen negro sobre blanco: «Presos y presas que, habiendo cumplido más de de dos y hasta tres décadas de prisión, consiguen que se les apruebe el tercer grado penienciario y alcanzar la semilibertad son devueltos a prisión y a segundo grado. Eso no es justicia. Es venganza. Y cuando la política vengativa entra por las puertas de la Audiencia Nacional, la justicia sale por la ventana».

«De los 33 presos y presas a los que el Gobierno Vasco ha aprobado su progresión a tercer grado y la semilibertad, la fiscalía ha recurrido 23 de ellos, de los que seis han vuelto a prisión en segundo grado penitenciario, y 13 están a la espera de la decisión del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria –han añadido–. De esta forma, la Audiencia Nacional boicotea las decisiones de los profesionales penitenciarios que son los que conocen la evolución de los presos y presaas. Hace unos días, fue Joseba Arregi Erostarbe, pero antes fueron 5 presos más los afectados por las regresiones de grado. Arregi ha cumplido 30 años de privación de libertad ininterrumpidamente».

«Tiene 76 años. ¿Alguien, con criterios de justicia puede defender que su nuevo encarcelamiento es justo?», se ha preguntado.

Criterios de extrema derecha

«Sabíamos, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, que el camino que iniciamos hace ocho años era un proceso complejo, con muchas dificultades», ha añadido Sare, pero en el camino se han topado con «los sectores más conservadores e intransigentes del Estado español. No solo del ámbito de la política, sino también del ámbito judicial. Tenemos enfrente a un entramado jurídico-político muy poderoso, que utiliza las togas para imprimir en sus decisiones judiciales una ideología defensora de los postulados políticos de la extrema derecha política», ha denunciado.

«La defensa de los derechos humanos es cosa de todos y todas –ha afirmado Sare–. No nos equivoquemos al pensar que eso lo tienen que defender los gobiernos y los estados. Los gobiernos y a los estados no se mueven, los movemos la gente que pacíficamente nos movilizamos en las calles».