La factura de la pasarela del Labrit sigue creciendo y ronda ya los 1,25 millones de euros tras la aprobación, este martes, de un nuevo sobrecoste de 30.000 euros en concepto de ampliación del alquiler del andamiaje de sujeción, según ha denunciado EH Bildu a través de una nota.
Se trata del segundo incremento por este concepto después de que en septiembre se ampliara la factura en otros 52.000 euros «cuyo pago, al igual que ahora, se deriva de un contrato reconocido como ilegal por los propios servicios jurídicos municipales». Para evitar que el Ayuntamiento incurra en «enriquecimiento injusto», esa factura, la segunda de la misma naturaleza, deberá ser satisfecha al proveedor.
La formación soberanista detalla que «la cuestión es relativamente sencilla: el equipo de gobierno, advertido de la inseguridad de la pasarela por el ingeniero responsable de la dirección de los trabajos de refuerzo de la misma, contrató y colocó con urgencia cuatro torres de apoyo y una cimbra de apeo en octubre del 2021, pero ese contrato expiraba en 90 días».
Los continuos retrasos en las obras y la «pésima planificación» del equipo de gobierno «han obligado a mantener ese andamiaje sin que existiera soporte contractual para ello», añade. En este sentido, EH Bildu recuerda que así lo reconoce el informe jurídico emitido por Conservación Urbana el pasado 23 de noviembre, que sentencia que «nos encontramos ante una situación en la que se ha ejecutado una prestación a favor del Ayuntamiento que no puede formalizarse mediante una modificación del contrato originario, ni tampoco mediante adjudicación de un nuevo contrato menor. Estamos en presencia de un supuesto de enriquecimiento injusto por parte de la Administración».
En el plano práctico, la formación soberanista explica que «esto implica que el Ayuntamiento, pese a la ilegalidad de la situación, está obligado a pagar para no ‘aprovecharse’ de su propia incapacidad, perjudicando económicamente al proveedor».
Recuerda que esta es la segunda vez que el Ayuntamiento ha de recurrir a esta figura administrativa en «un expediente económicamente disparado que nos va a obligar a toda la ciudadanía a pagar un sobrecoste por esta infraestructura que superará el 200%».
Desde EH Bildu se añade que hasta el momento ya se han aceptado cargos que superan los 1,25 millones de euros, «cantidad que duplica el coste inicial que se pagó en 2011 (680.000 euros) por esta pasarela ruinosa que impulsó Maya como director de Urbanismo y que ahora, como alcalde, se empeña en parchear a toda costa».
Petición de aclaraciones
Pero también pone su atención en dos cuestiones más: en primer lugar, el coste final de la obra, que «mucho nos tememos que va a superar los 1,5 millones de euros», ya que en las facturas que se han tramitado hasta ahora, «no incluirían ni el coste de los trabajos durante el último mes ni tampoco posibles incrementos por las horas extra que toda la ciudadanía ha podido ver que se han metido en estos parcheos durante las últimas semanas».
Asimismo, EH Bildu también ha anunciado que exigirá que se presenten todos los informes técnicos que avalarían las pruebas de carga que «supuestamente» se han realizado sobre la estructura reformada. «Es muy grave que no tengamos ninguna información sobre estas pruebas, salvo lo publicado en prensa, y es muy grave que se haya impedido a la comisión de Urbanismo asistir a ellas o siquiera visitar las obras», sostiene.
Al respecto, espera que los informes aclaren en qué han consistido las pruebas, si se realizaron con la pasarela libre de apeos y cimbra y qué resultados han dado. «Estamos ante la enésima irregularidad en un expediente que pasará a la historia como un ejemplo de mala gestión, oscurantismo e imposición por parte de un equipo de gobierno cuya obsesión ha sido tapar sus vergüenzas despilfarrando el dinero de los y las pamplonesas», denuncia.
PSN: «Nuevo derroche de Maya»
El PSN también ha criticado lo que ha definido como «nuevo derroche de Maya» y ha denunciado que el incremento de 30.000 euros «no ha sido anunciado a los grupos ni explicado, mientras los responsables de los desperfectos continúan sin hacerse cargo de los arreglos, como tampoco han sido anunciadas las pruebas de carga que se realizaron ni sus resultados».
«Navarra Suma renunció a obtener una cantidad adecuada para el arreglo cuando aceptó a espaldas de la mayoría municipal solo 140.000 euros de una de las aseguradoras, un importe que evidentemente no cubre el más de un millón que lleva el Ayuntamiento gastado en esta infraestructura y que quita credibilidad a esa supuesta intención de reclamar ante los Tribunales que argumenta el equipo de Gobierno», critica el PSN.
«Esto se suma a una lista de incumplimientos, actuaciones unilaterales y derroches por parte del alcalde Maya, que comenzaron cuando rompió el pacto presupuestario, donde se comprometía a vaciar la partida, y, sin dar explicación alguna, empezó a gastar el dinero de los pamploneses en el arreglo, sin plantear alternativas como la construcción de una nueva pasarela». Asimismo, el PSN añade que «parece que la única razón de estas continuas inversiones está en el interés personal de Maya y su equipo para hacerse una nueva foto en la pasarela de cara a las elecciones».
Geroa Bai critica la falta de transparencia
Geroa Bai, la tercera fuerza de la oposición, también ha criticado la gestión de Navarra Suma en la pasarela del Labrit, destacando que «no ha sido transparente, puesto que no ha ofrecido ninguna respuesta, cuando normalmente las ampliaciones de este tipo deben aprobarse con anterioridad y no a hechos consumados como están realizando en esta obra».
En este sentido, Geroa Bai añade que el edil Javier Leoz lleva tiempo preguntando sobre esta cuestión en la comisión de Urbanismo y ha recalcado que «el oscurantismo de Navarra Suma va más allá y tampoco ha anunciado a la oposición las pruebas de carga».
Geroa Bai mantiene que «hubiese sido conveniente construir una pasarela nueva» y ha recordado que la pasarela del Labri ha supuesto más de 1.200.000 euros que se han gastado ya en los procedimientos para habilitarla cuando su coste nueva fue de 670.000 euros.