El Fiscal General de Turquía exigirá la congelación de las cuentas del tercer gran partido del país, el prokurdo HDP, durante un juicio que comenzará en enero en el que se decidirá su posible ilegalización.

En marzo de 2021, el Fiscal General solicitó al Tribunal Constitucional prohibir el Partido Democrático de los Pueblos (HDP), el tercer partido político con representación en el Parlamento, al que el presidente, Recep Tayyip Erdogan, acusa de vínculos con el «terrorismo».

La petición fue rechazada por el Tribunal debido a un problema técnico, pero presentada de nuevo en junio.

En su petición, que llega a pocos meses de las elecciones presidenciales y legislativas previstas para la próxima primavera, el fiscal Bekir Sahin estipula que «continúan los vínculos orgánicos del HDP con una organización terrorista y que las cuentas del partido con la ayuda de Hacienda deben ser bloqueadas».

Un portavoz del HDP ha indicado que estaba esperando la confirmación de esta información por parte de los abogados del partido antes de reaccionar.

La audiencia ha sido fijada para el 10 de enero de 2023.

En su acusación, el fiscal se hizo eco de los argumentos del presidente Erdogan y dijo que el partido está «orgánicamente» vinculado al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

Persecución de partidos kurdos y lucha electoral

Desde la década de 1990, casi una docena de partidos pro kurdos han sido prohibidos o se han disuelto antes de ser suspendidos.

El HDP ha estado bajo una represión implacable desde 2016, cuando arrestaron a su líder Selahattin Demirtas. Fue sentenciado dos años después a cuatro años y medio de prisión y también fueron arrestados decenas de cargos y miembros del HDP. Decenas de alcaldes ha sido sustituidos por afines al partido del presidente, el islamista AKP.

La persecución de Demirtas ha sido denunciada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pese a lo cual Turquía ha añadido nuevas condenas.

Pero la persecución de la izquierda prokurda y la posibilidad de ilegalizar al segundo partido opositor coincide ahora con otras maniobras de Erdogan ante la posibilidad de perder las próximas elecciones.

La semana pasada, un tribunal de Estambul condenó al alcalde de la ciudad, el opositor Ekrem Imamoglu, a dos años y siete meses de prisión y la suspensión de sus derechos políticos por un período equivalente. Imamoglu rechazó la sentencia, y ha movilizado a su favor de todos los partidos de oposición

Erdogan, en el poder desde 2014 y que ha convertido el sistema político turco en una modelo presidencial autocrático, anunció que sería candidato de nuevo, en un contexto de crisis económica y con una inflación cercana al 85% en un año, mientras en el exterior se mueve entre el conflicto con los vecinos griego, los equilibrios entre Rusia y EEUU, su papel en diversas crisis desde el Mediterráneo al Cáucaso, y la eterna amenaza hacia los kurdos en Siria.