El informe ‘Transparencia y mecanismos de control de los cuerpos policiales en el Estado español’ subraya la necesidad de incrementar las fórmulas para hacer frente a la impunidad, según ha destacado este martes en el Parlamento navarro Anaïs Franquesa, integrante del colectivo Irídia, que junto a Novact y RIS ha elaborado el documento.

Franquesa he destacado que la Policía Foral, al igual que la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra, han colaborado en la redacción del informe, a diferencia de la Policía española y la Guardia Civil.

Ha recordado que la la legislación internacional, la estatal y las autonómicas recogen una serie de restricciones en el uso de la violencia por parte de los cuerpos policiales, pero ha lamentado que se registre una falta de investigación, enjuiciamiento y castigo de quienes cometen excesos, cayendo en la impunidad.

En este sentido, ha desacado que el Tribunal de Estrasburgo ha condenado al Estado español en trece ocasiones por no investigar denuncias de torturas.

Mecanismos internos no eficaces

Junto a ello, ha lamentado que los mecanismos internos de los cuerpos policiales no son eficaces y ha denunciado que los procedimientos internos no sean de acceso público. Ha reconocido que les ha costado mucho hacer esta investigación porque no han podido acceder a la información incluso cuando ha intervenido un juez.

Franquesa ha subrayado que es imprescindible que los agentes estén clara y visiblemente identificados y ha valorado positivamente que la Policía Foral, al igual que los Mossos d'Esquadra, cumple con este requisito, aunque el cuerpo navarro no lo ha aplicado en los cascos. «En otros cuerpos policiales no es así», ha subrayado.

En cuanto a las identificaciones por motivos raciales, ha explicado que la Policía Foral tiene previsto que se entregue un formulario que explique los motivos de la intervención, pero ha lamentado que cuando preguntaron al respecto la respuesta que recibieron fue que los agentes no disponían de esos formularios.

Asimismo, Franquesa ha puesto el foco en que las deficiencias en las investigaciones policiales internas sobre casos de tortura y maltrato tienen como consecuencia un escaso resultado de las investigaciones judiciales, al que contribuye que la Fiscalía sea proclive a la inactividad. Además, las Defensorías del Pueblo tienen limitaciones para investigar.

Revictimización

De este modo, se producen procesos de revictimización por la impunidad o la falta de investigación, con víctimas que se tienen que enfrentar a procesos excesivamente largos. Franquesa ha citado el caso de Aingeru Zudaire, vecino de Atarrabia que perdió un ojo y cuyo procedimiento judicial se ha resuelto más de diez años después.

Arantza Izurdiaga, de EH Bildu, ha calificado de «exhaustivo» el informe y ha subrayado que comparten las conclusiones del mismo. Junto a ello, destacado la necesidad de introducir en el debate político los abusos policiales frente a la descalificación de estas víctimas, «a las que se les acaba haciendo responsables de la violencia que sufren».

Además, Izurdiaga ha defendido que no se pueden permitir estas conductas y ha señalado que las modificaciones que se proponen para aumentar el control no son novedosas y que lo que hace falta es aplicarlas.

La parlamentaria de EH Bildu ha recordado que de las trece sentencias del Tribunal de Estrasburgo contra el Estado español siete corresponden a la actuación del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su periodo como juez de la Audiencia Nacional. Asimismo, ha destacado que la última de ellas hace referencia a cuatro jóvenes navarros y que se hizo pública cuando Grande-Marlaska ya era ministro.

Marisa de Simón, portavoz de I-E, ha señalado que los casos de uso desproporcionado de la fuerza y la tortura por parte de los agentes son «excepcionales» y ha señalado que analizarán las recomendaciones del informe para mejorar la actuación policial.

José Suárez, de PP-Navarra Suma, ha comenzado su intervención criticado a Izurdiaga por cuestionar actuaciones policiales. A continuación, ha relatado que durante su labor como concejal responsable de la Policía Municipal en Tutera tuvo que ser protegido de alguien que le quería agredir y «que solo fue sancionado con 400 euros», para añadir que también recibió quejas por los comportamientos de los agentes. En cualquier caso, ha destacado que la mayoría de los policías ejercen su labor de manera profesional y ha subrayado que «hay ciudadanos que optan por usar la violencia».

Suárez se ha mostrado de acuerdo con que se establezcan mecanismos de control, pero, «para exigir, los policías deben tener los medios necesarios». Ha reclamado que se «destierren los prejuicios ideológicos, históricos y sociológicos» y ha criticado que la Ley de Policías tampoco se aplique en estos aspectos.

Inma Jurío, del PSN, ha asumido la necesidad de la transparencia y la rendición de cuentas de los cuerpos policiales, pero ha criticado que el informe «parta de la premisa de no se actúa con el rigor debido o que se mira hacia otro lado», añadiendo que «el 99% de los casos se actúa correctamente».

Por ello, Jurío ha acusado a EH Bildu de aprovechar la ocasión para atacar al ministro del Interior y a Navarra Suma de «hablar sin saber para atacar al Gobierno navarro».

Blanca Regúlez, de Geroa Bai, ha defendido la necesidad de avanzar en la transparencia y la rendición de cuentas de los cuerpos policiales y ha abogado por implementar estas medidas en la Policía Foral.